La pelea gobierno vs Tecpetrol por u$s 700 millones va a la justicia

La guerra entre el Gobierno y el hasta entonces aliado Grupo Techint se declaró cuando el ministro Dujovne comunicó a través de su subalterno Gustavo Lopetegui, secretario de Energía, que haría una reinterpretación de los términos de la resolución 46.
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El Gobierno y Tecpetrol están en guerra por más de u$s 700 millones de subsidios al shale gas.

Tecpetrol informó que llevará a la Justicia la pelea con el Gobierno por más de 700 millones de dólares de subsidios a la producción de gas en Vaca Muerta.

La empresa del Grupo Techint comunicó que tomará ese camino luego de que el Ministerio de Hacienda, de Nicolás Dujovne, oficializara el rechazo a un reclamo administrativo que había planteado.

La petrolera reclama el pago de un subsidio a la totalidad de su producción de gas en el bloque Fortín de Piedra, de Vaca Muerta.

El Gobierno ratificó que solo le pagará la mitad. El reclamo del holding que encabeza el poderoso empresario Paolo Rocca es por 1446 millones de dólares.

El Gobierno le reconoce sólo 729 millones de dólares.

Ambas partes dejaron entrever una acusación de mala fe en el accionar de la otra. La grieta la deberá zanjar la Justicia.

La guerra entre el Gobierno y el hasta entonces aliado Grupo Techint se declaró cuando el ministro Dujovne comunicó a través de su subalterno Gustavo Lopetegui, secretario de Energía, que haría una reinterpretación de los términos de la resolución 46.

La norma contempló un esquema de subsidios para estimular la producción de gas en Vaca Muerta y fue firmada en marzo de 2017 por el entonces poderoso ministro de Energía, Juan José Aranguren.

La crisis de la deuda y su repercusión en la situación cambiaria se llevaron puesto a Aranguren y más tarde a la resolución 46, que fue reinterpretada sin cambios en su texto original.

La nueva versión del Gobierno sobre los alcances de la norma le quitaron 717 millones de dólares a Tecpetrol, respecto del monto de subsidios que recibiría si se aplicaba la resolución 46 como la planteó Aranguren, y la ratificó su sucesor, Javier Iguacel.

1146 millones de dólares reclama Tecpetrol, pero el Gobierno le reconoce solo 729.

En principio, el Gobierno se había comprometido a pagar un precio sostén para el gas incremental producido en el marco de los proyectos que el área de Energía aprobara para tal fin en Vaca Muerta. El primer proyecto aprobado, en agosto de 2017, fue Fortín de Piedra, a cargo de Tecpetrol.

En su presentación original, la compañía de Rocca previó producir 8,5 millones de metros cúbicos por día de gas, con una inversión estimada hasta 2021 de 1723 millones de dólares. No obstante, empujado por la renta extraordinaria que habilitó el Gobierno con el subsidio, Tecpetrol duplicó el volumen de producción en el primer año de vigencia de la resolución 46. Para eso, aceleró el plan de trabajo y las inversiones.

La petrolera reclamó al Gobierno una porción de subsidio semejante al logro de producción. Presionado por el ajuste del FMI, Dujovne decidió subsidiar solo el volumen declarado en el proyecto, con 729 millones de dólares.

Entre los argumentos del rechazo al reclamo de Tecpetrol, el Gobierno consideró que la empresa ocultó información. Por su parte, la petrolera replicó en un comunicado que “actuó en todo momento de buena fe, guiada por las normativas e indicaciones dadas por el Gobierno”.

Y a renglón seguido facturó: “Considerar que aumentar la inversión y la producción de un recurso vital para el país en el marco de un régimen que no contemplaba límite alguno sea abusar de un derecho, como sostiene el rechazo del Gobierno, es un error”.

La empresa considera que el Gobierno llevó la discusión a un callejón sin otra salida que la judicial, cuando se pudo resolver por medio de una negociación.

A la vez, el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, ya había dicho que no creía en la voluntad de Tecpetrol para acordar en una mesa de negociaciones.

“El monto del subsidio no puede quedar sujeto al arbitrio de la empresa, máxime cuando la información provista al Estado al solicitar la aprobación fue inexacta, y cuando la empresa tenía la obligación de presentar información completa, veraz y actualizada y comunicar de inmediato toda novedad que afectara de manera significativa el proyecto”, escribió en el rechazo.

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