Cambios en la Ley 7722: "En 11 años hemos perdido 110 mil millones"

Desde que la iniciativa del senador Alejandro Abraham de Unidad Ciudadana para modificar la ley 7722 que prohíbe el uso de determinadas sustancias químicas en la actividad minera obtuvo estado parlamentario, las repercusiones fueron varias.
Abraham Mza

El proyecto, señala dos correcciones necesarias para el desarrollo de varios emprendimientos mineros. En primer lugar, se trata de crear una comisión bicameral de seguimiento de los emprendimientos de la actividad en lugar de que las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) deban ser autorizadas por la Legislatura como obliga actualmente la norma 7722. En segundo lugar, restringiríasólo al mercurio, ácido sulfúrico y cianuro, las sustancias peligrosas prohibidas para cualquier proyecto minero en la provincia.

La norma actual, además de mencionar esos tres químicos contaminantes, agrega en su artículo 1º "y otras sustancias similares". Precisamente por esa mención, emprendimientos mineros que pasaron por todas las instancias previstas en la ley, incluso la ambiental, no pudieron avanzar porque la Legislatura no aprobó la DIA o bien porque los químicos que utilizarían para la explotación fueron considerados igual de contaminantes que los tres mencionados.

Raúl Rodríguez, presidente de la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros (CAMEM), dialogó con Marcelo Torrez en el piso de "Punto en Común" (TV Andina) sobre el tema.

"El objetivo de la cámara siempre ha sido poner en la agenda el debate, este no lo hemos generado directamente, aunque siempre hemos tenido una posición constante sobre esta ley. La postura de la cámara es que es una ley inconstitucional, desde su sanción hace 12 años no ha podido ser aprobado ni un solo proyecto minero, aun estando contemplados en la 7722, porque ha habido una valla que ningún proyecto pudo saltear, el artículo 3º (donde el proyecto minero tiene que tener la ratificación de la DIA)", afirmó.

Las razones por las cuales los proyectos no se aprueban, Rodríguez aduce que son políticas porque "la Legislatura siempre ha sido una caja de resonancia social muy importante. Los proyectos llegaron en años electorales y esa conjunción fue fatal. Una parte de la sociedad duda de los controles del Estado y de los empresarios".

"Yo hago una fuerte autocrítica, el sector ha fallado en comunicar porque estos temas son falsos. Pero como se hace cuando esto ya está instalado y quien puede darnos una mano es el propio Estado -autoridad de aplicación, beneficiario y por ley tiene la obligación de promoverla- no lo ha hecho", indicó.

De esa manera, el titular de la cámara reconoció que tiene familiares que le preguntan por los controles y por la tributación de la actividad, además de la contaminación: "Nos ha faltado comunicación. Las empresas son inversiones de riesgo, vienen a Mendoza sin problemas pero ante este contexto, dicen por qué tengo que explicar algo que en todo el mundo se entiende. Creo que eso está cambiando, las empresas entendieron que es necesario explicar que todas estas aseveraciones no son ciertas".

Para clarificar la situación, resaltó que con el regreso de las retenciones, "el 57% se lo lleva el Estado, y hablando de un emprendimiento, el 43%. El Estado es el mayor beneficiario en regalías, el problema es cómo está estructurada, la mayoría van a las arcas nacionales, pero el sector no tiene la culpa, vuelve en coparticipación".

Raúl Rodríguez destacó también el potencial de la provincia para el desarrollo de la actividad, al cual calificó de "fabuloso" y en donde "la cordillera mendocina no llega al 25% de la exploración. No sabemos lo que tenemos. En el segmento que compartimos con Chile, desde el Norte de Las Heras hacia el Sur de Malargüe, ellos exportaron u$s 10 mil millones al año. En los 11 años de la 7722 hemos perdido u$s 110 mil millones ". "Puedo entender las criticas fundadas en la desconfianza pero la solución no es la guillotina", criticó, al tiempo que ve con buenos ojos las iniciativas en la Legislatura que buscan "destrabar la actividad enfocando el rol legislativo, que ha sido la valla".

"Hay proyectos que pasaron todas las instancias científicas. En el caso de San Jorge hubo 150 especialistas que opinaron y se llegó a la aprobación. Hay que tener un buen organismo de control al que deben incorporarse las ONG y que vaya más allá. Si la minería se hace bien, no debería haber ningún inconveniente", resaltó el titular de CAMEM. (Sitio Andino, Mendoza, 04/10/18)

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