"No hay motivos por los cuales la Ley 7.722 deberia ser tocada"

Mendoza. Ambientalistas se oponen al proyecto que presentó el Senador Abraham, aseguran que la minería no genera empleo sostenible y sostienen que es alto el riesgo ambiental que implicaría reactivar dicha actividad en la provincia.
camion mineroc on cobre
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Dicen que no se puede confiar en los controles del Estado y que son mayoría los que se oponen. 
Integrantes de la Asamblea por el Agua de Mendoza conversaron con MDZ Radio y mostraron su oposición frente al proyecto para modificar la Ley 7.7722 presentado por el Senador justicialista Alejandro Abraham.
Marcelo Giraud, geógrafo, profesor de la Universidad Nacional de Cuyo, miembro de la Asamblea del Agua conversó con el programa Cambio de Airede MDZ Radio:
- ¿Cuál es su opinión sobre la solicitud del Senador del PJ Alejandro Abraham sobre la apertura de la 7722 que es la Ley que regula la actividad minera en la Provincia de Mendoza?
- He tenido la oportunidad de enterarme cuando el Senador presentó el proyecto, lo he leído. Claramente no es una opinión solamente mía sino unánime. Más allá de que las asambleas mendocinas por el agua pura no se han expresado formalmente, todos sus integrantes nos hemos expresado rotundamente en contra de este proyecto y también del que el 10 de septiembre, con un tono parecido, presentó el propio Abrabam como co firmante junto con otros senadores. Consideramos que no hay motivos por los cuales la Ley 7722 debería ser tocada.
- ¿Usted acuerda con el fundamento del Proyecto que dice que la economía mendocina y la matriz productiva de la provincia de Mendoza no da para más y que hay que buscar otras activiades para que se incluya a cerca de medio millón de mendocinos que quedan afuera?
- No, claramente no comparto ese tipo de lectura acerca de la realidad de nuestra provincia. Al contrario. Si abriéramos nuestra provincia a los posible riesgos e impactos, aquellos riesgos de alta probabilidad de ocurrencia, podrían presentarse a través de proyectos de minerías no solamente no solucionaríamos los problemas socioeconómicos de fondo, sino que pondríamos en riesgos justamente a la matriz productiva tradicional de la provincia. No tenemos que seguir haciendo las cosas como nuestros abuelos, la provincia de Mendoza tiene otras posibilidades económicas para dar empleo a todos sin correr los riesgos ambientales que implican este tipo de actividades extractivas que son generadoras de poco empleo. El impacto es ínfimo a nivel laboral.
¿Qué riesgos que entraña una actividad minera más allá de la 7.722?
- Tiene que ver principalmente con la cuestión del agua, a nivel cuantitativo de disponibilidad de caudales como cualitativos. A mí personalmente me preocupa los riesgos en cuanto a la calidad, porque no se trata de proyectos mineros que están en la parte baja, sino de la posibilidad de contaminación de las cuencas altas. La experiencia muestra que la minería es una de las actividades de mayor riesgo, además del impacto sobre la flora, fauna, los ecosistemas y el impacto social como se vió en el proyecto San Jorge en Uspallata.
- ¿Usted tiene confianza en los sistemas de control del Estado más allá del 7.722?
No en absoluto, pero aún en el mejor de los casos, en el hipotético caso de que tuviéramos los mejores sistemas de control, este tipo de actividad es de alto riesgo. Esto no se trata de una línea de un gobierno u otro. Está clarísimo que la situación sigue siendo similar al 2007 cuando se sancionó la Ley 7.722. El Estado provincial no se ha dotado en materia de protección profunda por el cuidado del medioambiente, sigue haciendo agua. La Secretaria de Ambiente tiene apenas 0,5% del presupuesto provincial. Entendemos que de ninguna manera los mendocinos podemos confiarnos de los controles del Estado provincial.
- Más allá de los mecanismos que usted dice están muy empobrecidos, recién comentaba que al estar en el nacimiento de las cuencas los proyectos son peligros. Cuando uno va a Malargüe se reclama por la minería, en cuanto a la generación de empleo. ¿Qué piensa sobre esos casos?
Malargüe tiene una larga historia en materia de minería hidrocarburífera y esto nos llevaría a hablar de la polémica actual en torno al fracking y los reclamos de empleo. En la Cámara de Comercio de Malargüe están molestos pidiendo explicaciones a las mineras porque las expectativas frente al fracking se vieron frustradas. El impacto laboral sobre Malargüe fue bastante escaso, porque vino mucha gente de afuera. En los proyectos grandes, el grueso del personal tiene trabajo los primeros tres años durante la construcción pero después decae. No porque el Intendente actual de Malargüe y el anterior estén de acuerdo deja de haber oposición dentro del departamento. Con el nivel de clientelismo que hay en el departamento, los que no ven con buenos ojos este tipo de actividades temen expresarse por lo que les puede ocurrir a nivel laboral.
- ¿Cree que es factible que el tema se apruebe más allá de la propuesta de Abraham?
- Es una incógnita que bien quisiera tener una respuesta acabada. No es casual que este proyecto haya sido presentado en un año impar, en un año no electoral. Distinta suerte hubiese corrido si los legisladores corrieran un costo político más importante. Los legisladores deberían escuchar a la mayoría de los mendocinos, que se han venido expresando con bastante fuerza en el sentido que la Ley 7.722 no se toca y el agua no se negocia.
- El Gobernador ha dicho que no son mayoría sino minorías ruidosas las que defienden ese tipo de postura
- No lo comparto para nada ese tipo de interpretaciones, me refiero no solamente a la minoría sino al fraking. De ninguna manera se trata de minorías ruidosas. 
Escuchá la entrevista completa en:
https://mdzradio.mdzol.com/audios/share/5bb286c2c99b94a9225b37fc
(Mdzol, Mendoza)

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