JUAN JOSÉ ARANGUREN “Estuvimos 12 años esperando a que “papá Estado” nos dijera qué teníamos que hacer”

El exCEO de Shell cumplió dos años como ministro de Energía. Su gestión está signada por la corrección de las distorsiones tarifarias y la restauración de la ley como ordenador de un sistema complejo, normativamente enrevesado y técnicamente agotado. Sus próximos pasos, en un diálogo a fondo.
Aranguren entrevista

A fines de junio, se cumplirán tres años desde aquella noche en la que Juan José Aranguren tuvo su cocktail de despedida como CEO de Shell Argentina. Tres años de aquella noche, en la que el frío no amilanó a los cientos de invitados –lo más selecto de lo que, ahora, se llama «Círculo Rojo»– que vieron una versión distinta del homenajeado: relajado, distendido, incluso sonriente. «Juanjo» –como bastaba para que propios y extraños lo identificaran en la industria petrolera– ponía punto final a 37 años bajo bandera de la anglo-holandesa. Los últimos 12 al frente de la filial local, coincidencia cronológica con los tres mandatos Kirchner que, para él, significaron su apellido impreso en 57 carátulas penales iniciadas desde algún despacho oficial. Ya entonces, Aranguren había empezado a colaborar con Mauricio Macri, cuyo sueño presidencial –en esos días– parecía ser exactamente eso, un sueño: las encuestas le daban una intención de voto del 22%, 15 puntos menos que a Daniel Scioli, distancia que las PASO de agosto se encargarían de confirmar. Por eso, más allá de esa vocación de «servicio público» –y no de «dedicarse a la política», como se encargaba él de aclarar–, su plan inmediato para el día después del retiro era el descanso.

No fue lo que ocurrió. Macri resultó electo Presidente. Y confió en Aranguren el flamante Ministerio de Energía y Minería. Le tocó, de entrada, ser uno de los funcionarios con mayor exposición pública, dada la inevitable –y siempre ingrata– tarea de corregir las distorsiones tarifarias, un proceso de elevadísimo costo social y que, a ya dos años de haberse iniciado, todavía está sin terminar. Los aumentos del costo de los servicios públicos (gas, electricidad) y de las naftas –todos, consumos de altísima sensibilidad social– le valen, a marzo último, una imagen negativa neta del 54%, según la Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública (#ESPOP), elaborada mensualmente bajo el auspicio de la Universidad de San Andrés.

Recibe a Revista TRAMA en su despacho del Palacio de Hacienda, con las ventanas hacia Paseo Colón. Un ambiente mucho más amplio –casi el triple de espacio– de lo que era su austera oficina de Shell, en Diagonal Norte y Perón. Está decorado con pinturas. «Eran del inventario del Ministerio y es lo que me quedó. No peleé mucho», comenta. Aclara que otros ministros ocuparon ese despacho antes que él. «Esto, si no me equivoco, era de Débora Giorgi», refiere.

En el Club del Petróleo, alguien le preguntaba acerca de cómo soportaba situaciones en el plano personal. Era justo en un momento duro de la discusión por las tarifas. Contestó que, a veces, tenía un angelito que le hablaba a un oído y un diablito que lo hacía al otro. El diablito le decía: «Andate a disfrutar de la vida, después del esfuerzo que hiciste». Y el angelito: «Quedate, jugátela por tus nietos». Si tuviese que tomar de nuevo la decisión de ser ministro, dos años atrás, ¿sería la misma?

Políticamente, correcta o incorrectamente, diría lo mismo. Tuve la suerte de contar con educación pública en la universidad. De tener una carrera en una empresa importante a nivel mundial, en la que empecé antes de recibirme y terminé como presidente. Y, durante mi vida, he visto cosas que me hacen decir: «¿Por qué no las podemos hacer mejor? ¿Qué nos pasa como país?». Si hoy preguntamos en la calle cuál fue el mejor gol de (Diego) Maradona en 1986, la gente contesta que fue el de la mano y no el que fue una obra de Dios. Eso dice que los argentinos adoramos la transgresión. Y, así, no va.

Entonces, ¿por qué no podemos estar colaborando para generar condiciones que nos hagan parecernos más a Suiza y no tanto a Venezuela? ¿Es aburrido? Yo prefiero ese aburrimiento y, por lo tanto, después de haber tenido muchos años en el sector privado, unos cuatro u ocho en el sector público, a lo mejor ayuda.

¿Eso quiere decir que si en 2019 Macri sigue, usted está dispuesto a acompañar?

No tiene demasiado sentido discutir eso. El Presidente toma la decisión de convocar a un grupo de gente. Él mismo es un ejemplo de haber dejado una vida que era puramente de disfrute. Después de haber manejado al mejor equipo del mundo, o de haber gobernado dos veces consecutivas la Ciudad de Buenos Aires, tomó la decisión de meterse en un tema que, obviamente, lo pone en medio de un montón de situaciones que tiene la Argentina. Muchos tomamos la decisión de acompañarlo. Él decide quién es el mejor para una etapa o la otra. Restan un año y 10 meses. Y todavía faltan muchas cosas por hacer.

Lleva dos años y tres meses al frente del Ministerio. El 31 de diciembre último, también, concluyó la Emergencia Eléctrica. ¿Cuál es su balance?

Hay que hacer hincapié en cuáles son los objetivos de nuestra administración: asegurar la energía para un país en desarrollo y, por otra parte, controlar el impacto que esa energía tiene en el cambio climático. Estamos haciendo eje en una matriz energética diversificada, con acceso a las distintas fuentes que la naturaleza, sabiamente, le dio a nuestro país. Además, un objetivo fundamental de nuestra administración –y de nuestro ministerio, en particular– es asegurar el cumplimiento de los marcos regulatorios que están definidos por ley.

No hablamos sólo del sector de petróleo y gas, sino de la generación eléctrica en sus distintas fuentes: nuclear, hidroeléctrica, renovables, térmica. Reconociendo que la realidad nos llevaba a intentar evitar los riesgos de un sistema que, por baja inversión durante mucho tiempo, podría provocar algún tipo de impacto en la sociedad. Por ejemplo, tener cortes masivos de electricidad por ausencia de generación.

¿Por qué aclara esto?

Sabíamos que la distribución es un proceso que lograría mejorarse a partir del cumplimiento del marco regulatorio. Es decir, las revisiones tarifarias integrales que, además, dentro del período de cinco años, tendría etapas para cumplir con cierta calidad del servicio. Pero había que actuar rápido con la generación eléctrica. Particularmente, en los equipos de respuesta rápida, que son todas aquellas licitaciones que hicimos de generación de energía eléctrica térmica por emergencia.

Esto no es ponerse ninguna medalla, es simplemente una realidad. Cuando llegamos, en el primer verano, tuvimos un hecho fortuito: camalotes bajaron por el río Paraná, taparon una cámara de agua de Central Puerto y hubo 700.000 usuarios fuera del sistema. El 8 de febrero de este año, tuvimos 26.320 megawatts de demanda a las 15.35 horas y lo suplimos con generación propia, 1.800 Mw de reserva y sin importación.

Pagándolos más caro que, por ejemplo, Chile o México.

Cuando lleguemos a una situación crediticia similar a esos países, seguramente, los precios bajen. Hicimos contratos de 5 a 10 años, justamente, para suplir esa emergencia. Lo mismo sucede con el petróleo y el gas. Sólo que veníamos de escenarios totalmente distintos.

En la Argentina siempre estamos a contramano del mundo. Cuando el precio del petróleo estaba alto, acá estaba barato, durante mucho tiempo. El precio intervenido a partir de derechos de exportación tenía un doble rol: poner un tope al precio en el mercado interno y, al mismo tiempo, recaudar. En agosto de 2014, cuando los precios internacionales empezaron a bajar, los domésticos quedaron por encima de ellos. Si los equiparábamos de golpe, para lograr una baja del petróleo y los combustibles a nivel local, dejábamos a la actividad más crítica de lo que estaba. Por esto, se mantuvo el precio sostén hasta septiembre de 2017, con acuerdos que venían de la gestión anterior. Y los continuamos en 2016 y 2017.

¿Y en el caso del gas?

Al revés. Siempre tuvimos precios por debajo de los internacionales. Por eso, a pesar de que disponíamos de recursos propios para transformar en reservas y producción, importamos entre el 20% y el 25% del gas que necesitamos. Por lo tanto, acá también había que dar señales para que la producción local reemplazara, principalmente, al gasoil, que importábamos en los picos. Después, al LNG (N. de R.: sigla en inglés de «gas natural licuado») que importamos. Es lo que estamos haciendo. Ya no con esquemas que no son los adecuados, como el Plan Gas, que, en realidad, 

lo que hacía era cambiar el precio de una manera en la que no se lo quería decir: precio viejo para la producción vieja y precio nuevo para la producción nueva. Cuando lo hacemos así, ese precio nuevo lo subsidian todos los argentinos y no sólo aquellos que consumen ese gas. Con lo que estamos realizando ahora, prefiero que la recuperación de precios en el residencial la paguen aquellos que lo consumen.

Siendo que fue exitosa la implementación de la Resolución 21 y la 287, que establecieron licitaciones para sumar potencia de energía eléctrica, ¿por qué no se pudo trasladar ese modelo de licitaciones al gas?

Primero, porque hasta 2017 teníamos un esquema. Lo que no quisimos fue desconocer los acuerdos y contratos firmados. En el caso de la generación, era generación nueva. Lo que estamos haciendo con Vaca Muerta, lo que hicimos con Neuquén, con el sur de Santa Cruz y con cualquier otra explotación no convencional que pueda aparecer a futuro es una situación similar a hacer una licitación nueva. Son concesiones que aplican a un esquema que, por otra parte, tiene una clara indicación de precios a la baja. No queremos ver precios continuamente a la suba. Cuando la oferta empiece a igualar a la demanda –y, especialmente, en el verano, cuando haya puja en ver quién deja el gas adentro en vez de tener que explotarlo–, habrá precio a la baja. Ya estamos viendo un precio que puede llegar a subir hasta u$s 6/6,30 el millón de BTU y después empezar, lentamente, a bajar y estacionarse en un Henry Hub de u$s 4 a  u$s 4,5. ¿Por qué no?

¿La recontractualización del mercado de gas es uno de sus objetivos para este año?

Todavía falta, tanto en el mercado de generación eléctrica como en el de gas, lograr el objetivo final, que es la recontractualización, y que no haya ninguna interferencia estatal. En electricidad, que no sea Cammesa el agregador de toda la demanda eléctrica. O el comprador de combustibles. Es decir, que esa capacidad vuelva a los generadores. Lo lograremos a fines de 2019.

¿No lo ve posible para este año?

A la capacidad de comprar gasoil, fuel oil y gas por los generadores la veo para este año. A la recontractualización, para fines de 2019. Pero probablemente haya etapas. No sólo hay que tener en cuenta la generación eléctrica por parte de los térmicos. También, de la hidroeléctrica. Hay que evaluar cuál es el precio que corresponde. Eso está vinculado a un mercado spot que todavía tenemos que definir.

En el caso del gas, iniciamos un proceso que, en este caso, a los efectos de cumplir con la ley, parte de un acuerdo. Hoy por hoy, como autoridad de aplicación, no tenemos más la posibilidad de definir cuál es el precio del gas en el punto de encuentro con el sistema de transporte. Por eso, productores y distribuidores se pusieron de acuerdo y hay una evolución en el precio del gas por cuenca, que están, espero, respetando. Iniciamos un proceso para que, cuando todo el gas esté por encima de esos niveles de acuerdo en cuanto a volumen, empiece un sistema desregulado de definición o acuerdo entre partes. Parte de este sistema es el otorgamiento de permisos de exportación.

Este verano, los dimos con compromiso de reimportación por 12 meses. Calculo que, por la producción que estamos esperando y las concesiones que aplicaron a las Resoluciones 46 y 447 –que es la de Santa Cruz–, nos llevarán a una situación en la que, muy probablemente, estemos en condiciones el año próximo de otorgar permisos, ya sin la necesidad de tener la reimportación como obligación.

Respecto de la Resolución, algunas empresas dijeron que se cambiaba el espíritu de la 46 inicial, que apuntaba a «incluir» todo el gas no convencional.

En tal caso, ese espíritu se reflejó en esta mesa (risas). Y yo tengo buena memoria y oídos. Si hablamos de espíritu, quien propuso la 46 fue el Ministerio. Alguno habrá querido escuchar algo que no fue, necesariamente, emitido. Siempre dije cuál era el objetivo que tenía la Resolución 46 y, de hecho, está en sus considerandos. Esto está basado en lo que les preguntamos a las empresas y a los sindicalistas, el acuerdo de competitividad de Vaca Muerta, que fue preguntar qué necesitábamos, definitivamente, para desarrollar el yacimiento. ¿Qué le faltaba para pasar de la etapa de piloto a la de desarrollo? Tener costos medianamente razonables, eliminar variables que eran exageradas, como las horas taxi, el multitarea. Eso se habló con los sindicatos y lo reconocieron. Y, en el caso de las empresas, diciendo que, a altos costos, un nivel de inversión elevado podía ayudar a un mecanismo en el cual se pudiera dar un incentivo al precio. La consideración de este ministro fue: «Muy bien. Habrá un incentivo, pero a la baja. Porque esto no es para que se mantenga a u$s 7,5 por 10 años, sino que baje a u$s 6 en 2021». Pero siempre fue sobre la base de aquellos proyectos que pasarían de la etapa de piloto a la de desarrollo. Para hacerlo muy sencillo: en lugar de hacer 10 pozos por año, 100.

Después, aquellos que habían leído o escuchado otra cosa dijeron que era para todo el no convencional. Y para el Plan Gas, cuando todos sabían que habían firmado algo por cinco años, hasta 2017. Pudieron haber pensado que habría continuidad con la gestión anterior. Pero no. Esto es lo que tenemos hoy e, insisto, el Plan Gas lo pagaban todos los argentinos. Hoy, hay sólo 8 millones de hogares que reciben gas natural de un total de 13 millones. Por lo tanto, es un absurdo pensar que tenga que ser subsidiado por aquellos que no lo consumen.

Y hemos hecho alguna consideración: en el caso de las explotaciones no convencionales, como está previsto en la reglamentación de la Resolución, que tengan un nivel de producción razonablemente superior al 30% respecto de lo que era la producción base (tomábamos para eso junio de 2016 a junio de 2017), también por el gas nuevo, tengan acceso al incentivo.

En el almuerzo del Día del Petróleo, dijo que el Ministerio hacía todos los esfuerzos posibles para normalizar una situación que, durante años, decía lo que era el marco regulatorio. Pero, en el upstream, lo que uno ve es cierto amesetamiento en la inversión. ¿Le preocupa? 

Como todo sistema en la vida, tiene una inercia. Tanto para subir como para bajar, se ve una demora en los cambios de tendencia. No pasa de un día para el otro.

En segundo lugar, en generación eléctrica, era Cammesa quien tomaba la decisión. En definitiva, el Estado nacional reaccionaba en forma directa porque los balances de Cammesa los cubren los argentinos. Ahora, estamos hablando de que el gas lo compran las distribuidoras, los grandes usuarios, las generadoras. Por lo tanto, tenemos que acomodar un sistema distinto al de la generación eléctrica.

Después, teníamos contratos por cumplir en 2016 y 2017. Algunos productores especulaban con que el Plan Gas continuaría. Por lo tanto, sus requerimientos de inversión a sus accionistas dependían de eso. Y, también, algunos pensaban que no sería fácil que las tarifas recuperaran lo que es el real costo de reemplazo del gas que se está produciendo. Y, obviamente, al principio no sólo tuvimos que hacer frente al impacto del precio de generación, con el costo de generación y el de producción en el caso del gas, sino también en la recomposición tarifaria en el transporte y distribución. Ahora, en febrero de 2018, terminamos para electricidad y en abril lo haremos para el gas. Lo que venga en adelante tendrá que ver, exclusivamente, con el costo de generación o producción.

¿Y qué ocurre con el petróleo?

Con un precio a nivel internacional que, desde hace dos o tres meses, vemos que estuvo entre u$s 60 y u$s 70, acá no pasó algo muy distinto de lo que ocurrió en el mundo. Por lo tanto, me empezaría a preocupar si no tenemos una recuperación en 2018. Es evidente que el que invierte responde a señales. Y, si no fueron claras, no habrá inversión. Creemos que estas señales están dadas. Pero nosotros no estamos en condiciones de juzgarlas.

En su momento, el Ministerio evaluó subdividir las concesiones petroleras en unidades más pequeñas, para facilitar que el titular tenga que buscar socios.

No tenemos capacidad legal para hacerlo. Sólo existen dos posibilidades para actuar: hablar y convencer a las provincias.
O el caso particular de YPF. El 26% de las acciones son del Estado Nacional y otro 25%, sindicadas al Estado nacional por las provincias. En asamblea, como corresponde, ese 51% podría sugerirle a la dirección de la compañía que es conveniente no tener activos que están subexplotados por no tener capacidad técnica, de recursos humanos o financiera, y que la compañía se pueda concentrar más en los recursos core.

¿Los directores de YPF harán eso?

Es más que nada la dirección de la compañía. Lo han empezado a hacer. Tengo entendido que, en algunas áreas de Río Negro, hubo durante los últimos dos años acuerdos con otras compañías. En algunos casos, el operador fue cedido a otra empresa. Esto, también, es muy bueno para adquirir capacidad técnica. Pero no es un proceso rápido, sino para darse cuenta de cómo se pueden maximizar los beneficios.

Preguntaba porque, cuando uno ve la producción de petróleo
y de gas, son ocho o nueve compañías las que más concentran. Algunos especialistas dicen que hay que promover que esos actores movilicen áreas. Porque, si no, esperan que la curva de tarifas llegue en el precio del gas hasta los u$s 6,82 por MMBTU.

Corren el riesgo de que, si llegan tarde, a lo mejor no se posicionen adecuadamente en el mercado. Fortín de Piedra, con Tecpetrol, fue un hecho disruptivo: de golpe, un actor que producía 200.000 m3hoy está inyectando 5 millones y, el año próximo, debería llegar a los 11 millones. Seguramente, empezará a hacer contratos con clientes que, además, le compren en el verano. Esto es lo que tenemos que lograr, porque no queremos volver a cumplir un rol que no corresponde, en función del marco regulatorio vigente.

Usted declaró públicamente que, con la privatización de YPF, habría hecho lo mismo que se hizo con Entel (dividirla en dos compañías). ¿Midió el impacto que tendrían sus palabras?

No. Porque, como pasa muchas veces, me estaba refiriendo al mercado de los combustibles, no al sector de producción de petróleo y gas. En una empresa petrolera integrada, el 80/85% de su ganancia está relacionado con la producción, el otro 20/15 es refinación y comercialización. Es decir, es un complemento del negocio principal.

No es un secreto, sino una evidencia de la realidad, que al fallar en la Argentina con las regulaciones o con el no cumplimiento de las existentes, en muchos sectores de la economía haya poco nivel de competencia, con bajo grado de productividad, altos costos logísticos, un sector empresario no dispuesto a defender sus derechos y habituado a aceptar las condiciones del gobierno de turno. Por acción u omisión, todo esto ocurrió.

Por lo tanto, lo que dije es lo que todo el mundo dice: en el sector de comercialización, hay un oligopolio, con tres empresas que se llevan el 90%; una sola, el 56%. Es lo que ocurrió. Me preguntaron por esto y dije que, cuando se privatizó, en los 90, se decidió hacerlo con una compañía grande, en la que se desglosó el upstream (en áreas primarias, secundarias y yacimientos centrales), pero no en refinación y comercialización. Y, como YPF tenía (tiene) dos refinerías muy importantes, podría haberse hecho algo interesante, que era concentrar la actividad en dos refinerías con un área de abastecimiento; que, probablemente, durante cinco años, no se permitiera competir entre ellas pero, a partir del quinto, sí. Los niveles de competencia habrían mejorado. Pero eso ya ocurrió; no creo que podamos modificarlo. A futuro, lo veo muy difícil. Fue, simplemente, responder a una pregunta.

De ingeniero a ingeniero
Para Aranguren, lo peor ya pasó. Al menos, en cuanto a su situación personal. El protagonismo que tuvo al inicio del gobierno de Cambiemos –fue la voz y la cara de la ingrata y necesaria tarea de los ajustes tarifarios– ahora quedó relegado a un segundo plano, ante la magnitud de otros temas macroeconómicos que pasaron a encabezar la agenda de gestión. «No estoy acá obligado por nadie, sino porque quiero. O porque, cuando un presidente me lo propuso, le dije que sí. Y, si mañana no quisiera hacerlo más, me voy», comentaba hace algunos meses, frase que suscribe –palabra por palabra– al día de hoy. Un padre que, todavía, es profesor secundario. Una madre ama de casa. Y una carrera profesional exitosa –de pasante en una refinería a presidente de la compañía– que, valora él, lo fue gracias a la educación pública.

Su forma de ser –severo, más de acción que de palabras, sanguíneo por su volátil química de sangre vasca, diría él– suele granjearle antipatías. Más, en un terreno de sonrisas falsas, promesas vacías y verdades relativas, como es la política. En algo más de dos años, su cabeza fue reclamada por la oposición distintas veces y por motivos varios. La mayoría, vinculados a su pasado en Shell. Pero él se mantiene firme, en buena parte gracias al vínculo que construyó con Macri. Un diálogo «de ingeniero a ingeniero», como lo define él.

Se siente empoderado por el Presidente. De allí, entiende, emana la autoridad con la que gestiona el ministerio, un estilo de conducción que también motivó rispideces internas, zanjadas, en los casos más relevantes –José Luis Sureda (secretario de Recursos Hidrocarburíferos), Sebastián Scheimberg (jefe de Coordinación Administrativa)–, con dimisiones.

¿Qué buscó con la reestructuración del Ministerio?

Más allá de cumplir con una instrucción presidencial, lo que hicimos fue reducir la planta de funcionarios en un 23,5%, cuando la indicación fue del 20%. Bajamos 38 funcionarios. En cuanto a una decisión conceptual, lo que vamos a implementar es que haya tres secretarios y nueve subsecretarios, que van a reportar directamente a mí. Los secretarios serán responsables de una visión más estratégica de sus áreas –Política Energética, Minería y Planeamiento– y los subsecretarios estarán más en la implementación del día a día de esa estrategia. Es decir, el subsecretario que tiene que aprobar la licitación de renovables discutirá directamente conmigo, sin que esté en el medio el secretario de Energía Eléctrica. Ellos van a tratar de mantener lo que quiero hacer con el marco regulatorio. Tratar de bajar a tierra lo que ese marco dice, la relación internacional y con las provincias.

Veo que bajó de jerarquía a la Secretaría de Hidrocarburos.

La Secretaría de Política Energética tendrá la responsabilidad de esa visión estratégica en el sector energético vinculado con petróleo y gas, con renovables o con lo que sea.

En lo que falta a corto plazo, ¿queda alguna licitación  en termoeléctrico?

A medida que la economía avance, tendremos mayor necesidad de demanda. Pero también debemos ver cómo gestionar mejor la energía en pequeñas, medianas y grandes empresas. Y, hablando de renovables, qué decisión toman las compañías en el mercado a término: que una generadora pueda venderle a una distribuidora dentro de una misma provincia, sin necesidad de la intermediación de Cammesa o de ingresar al Sistema Integrado de Distribución (SADE).

Todavía quedan cosas por concretar. Pero el mecanismo es, primero, adecuarnos a nuestro marco regulatorio. Como dice el Presidente: nuestra obligación es cortar el pasto, marcar la línea de la cancha, a veces hacer de referí. Para el resto, son los actores económicos los que deciden. En ese contexto, no sólo tenemos que ver la respuesta rápida ante la emergencia. También, obras como las represas sobre el río Santa Cruz, las centrales nucleares, la repotenciación de Yacyretá… Todavía es posible que quede pendiente una licitación de ciclos combinados, no de emergencia, sino de 800 ó 900 Mw cada uno. Pero no lo veo para este año, sino para 2019. Primero, tenemos que resolver todos los cuellos de botella vinculados con el sistema de transmisión, porque es otra área en la que tenemos necesidad de administrar entre oferta y demanda.

¿Se lanzarán este año las represas o la cuarta central nuclear?

Las represas ya están lanzadas. Falta algo desde lo financiero: como hubo un cambio en el proyecto ejecutivo, los bancos tienen que refinanciar este aspecto, reconociendo cuáles fueron esas modificaciones. Pero ya hay gente trabajando en movimiento de suelo. El primer equipo en Cóndor Cliff marchará en abril de 2022, y el de Barrancosa, en julio de ese año. Es una obra de envergadura. Estamos hablando de casi u$s 5.000 millones. No queremos repetir falencias muy graves, como sucedió en Yacyretá, que demoró más de 25 años. Tenemos que hacerlas. Y bien.

¿Y las centrales?

La cuarta y quinta central nuclear nos llevó más tiempo del que queríamos porque nada estaba hecho. Tenemos los documentos de lo que recibimos, más allá de lo que diga un ex ministro. Pongo sólo un ejemplo para ver la hipocresía con la que nos manejamos: la relación con China, entre Nucleoeléctrica Argentina (NASA) y CNNC, que es la contraparte, se regía por Ley británica. Nosotros lo cambiamos y se regirá por Ley argentina.

Volviendo a los combustibles, el barril estaba a la suba y, domésticamente, hubo un corrimiento del tipo de cambio. Ésos son los dos grandes drivers…

Hay un tercero: los biocombustibles. Son un 10% y 12%; no hay que descartarlo.

Cuando estos tres elementos suben en paralelo, parece difícil que no haya aumento en surtidores. ¿Prevé algún tipo de coordinación o su estrategia como ministro es la de un mercado desregulado?

Sigo pensando exactamente lo mismo. Hay un cuarto elemento, que también generó algún tipo de controversia, pero que es importante. En 2004 (creo que fue Lavagna), se cambió la estructura de precios de impuestos fijos a una de ad valorem pro-cíclica: cuando los precios internacionales aumentaban, también lo hacía el impuesto, lo que ejercía presión sobre el precio de venta al público. Esto, a partir del 1 de marzo, se terminó: volvieron a ser fijos, con un ajuste trimestral por inflación minorista. Y con la capacidad de que no se modificó la ley de impuestos internos, que está vinculada con la posibilidad de disminuirlo 10% o aumentarlo 25%.

La parte fija es importante porque, cuando el precio aumenta en el componente del hidrocarburo, no lo hace en el impositivo. Y al revés. Por lo tanto, es una amortiguación. No total, como puede ser un fondo compensador. Pero sí una amortiguación. Y la otra, que sigue estando en la cabeza del Ejecutivo, obviamente, tiene que ver con un impacto en lo recaudatorio.

¿Tiene definido qué hará?

No es potestad de este Ministerio. Es de un equipo. Lo discutiremos con Hacienda y con Jefatura de Gabinete. Son herramientas que la Administración tiene.

Obviamente, hubo presión de otras variables. Es decisión de las compañías qué quieren hacer todos los meses. Les guste o no le guste a muchos, desde enero de 1991 el precio de los combustibles en la Argentina está desregulado. Si en algún momento se reguló, fue por una acción ilegal de alguien o porque hubo un acuerdo de partes, como ocurrió con el precio sostén. Muchos estamos convencidos de que ésta es la mejor manera de lograr inversiones genuinas en el país.

¿Le preocupa que, cuando la Argentina salga a comprar gasoil o GNL, con esta suba del precio del crudo, se encarezca la importación de energía?

Hicimos las estimaciones para el año en el presupuesto. Lo que más impacta serán los más de 60 cargamentos de GNL que tengamos que comprar. Dependerá mucho del factor de producción local, del cumplimiento de Bolivia de su contrato y de las temperaturas que tengamos. Enarsa compró los primeros ocho cargamentos por debajo de esa estimación. El precio promedio fue u$s 7,11 cuando habíamos puesto u$s 7,83 en el presupuesto.

¿Le gustaría que los actuales concesionarios de petróleo  y gas busquen socios, inversores, en las áreas que no están desarrollando?

Creo que, con algunas de las provincias con las que ya empezamos a hablar, amplias áreas de exploración y explotación van en contra de un mercado ágil. Tal vez, esto sea algo que tengamos que aprender para el futuro. También es cierto que las provincias quedan cautivas de desbalances fiscales y que, alguna vez, se pudo haber hecho cierta dispensa en compromisos de inversión en función de anticipar regalías. Lo mejor es que se revierta para que haya otro que esté interesado.

Pero eso no pasa en la industria.

Todo es un problema de educación. Estuvimos 12 años esperando a que «Papá Estado» nos diga qué tenemos que hacer. Debemos aprender que, respetando los marcos regulatorios y en competencia, se puede generar riqueza. Tenemos que lograr que haya más competencia. Lo que no hizo el Estado provincial, achicando el tamaño o el área, o la capacidad concesional, lo hacen las empresas. Las compañías, especialmente las muy grandes, están dispuestas a colocar parte de su inversión en distintos puntos del tablero mundial o del país. No está mal, porque es una estrategia para eliminar riesgos.

uan José Aranguren nunca fue a un psicológo. Se reconoce como un hombre de la praxis. Pero admite un cierto temor al aburrimiento, a la hoja en blanco. Tal vez por eso pudo soportar los constantes embates mediáticos y judiciales sufridos durante el kirchnerismo. Se acostumbró tanto a esa realidad vertiginosa que quizás se terminó alimentando de ella. «A mediados de 2015, sobre el final del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, yo había tomado la decisión de salir de Shell. Sabía que cualquier candidato que ganara las elecciones presidenciales iba a liderar un gobierno con un estilo de conducción diferente y me pareció que era el momento de cerrar un ciclo», rememora. Podría parecer una contradicción: un hombre que defiende con tanta pasión el cumplimiento de las normas, la institucionalidad, la estabilidad de las reglas de juego no sintió el deseo de continuar al frente de Shell en un gobierno –ya sea liderado por Mauricio Macri o por Daniel Scioli– que, según su propio razonamiento, intentaría gestionar de un modo menos belicoso. «Alguien me dijo que me quedaba bien. Y me la dejé», explica, sin profundizar, acerca de la barba canosa que, hoy, enmarca su rostro. En agosto, Aranguren cumplirá 64 años. Trabaja, todavía, 12 horas diarias. «Me gusta llegar a las 8 de la mañana y me voy a las 19 ó 20», refiere. «Al venir temprano e irme más tarde, a veces tengo momento de estar solo. Puedo leer todo lo que ingresa al ministerio. Todo (expedientes, notas a contestar) lo leo yo», asegura. Es uno de los funcionarios de Cambiemos con mayor nivel de exposición pública. Voluntaria, en la mayoría de los casos. «Forma parte de mi responsabilidad. Hubo una persona a la que eligió el 51% de la gente, y él me eligió a mí para estar acá. Como por carácter transitivo, tengo que contestar. Tengo la obligación de hacerlo», dice. Elogia a los británicos como ejemplo. «El servidor público no es un funcionario: es alguien que está sirviendo. Es nuestra obligación porque la aceptamos», define.

No es raro –más bien al contrario– encontrarlo sábado o domingo en su despacho. «Cuando juega el Barcelona, a las 5 ó 6 de la tarde, el televisor está encendido», cuenta. Agrega que, en su agenda, están destacados los fixtures del equipo blaugrana y el de Boca Juniors. Netflix es su selección para descansar. «Veo muchas series», refiere. Le gustó Breaking Bad. En estos días, inició la segunda temporada de Blindspot. Hace poco, añade, vio la primera de Dinastía. «La Casa de Papel es buenísima», destaca. 

 Redaccion EconoJournal

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