Confirmaron los procesamientos por los glaciares

Por no cumplir la ley. En una medida inédita, la Sala II de la Cámara Federal confirmó el procesamiento de tres ex secretarios de Ambiente (Omar Vicente Judis, Sergio Gustavo Lorusso y Juan José Mussi) y del científico Ricardo Villalba por haber incumplido con la Ley de Glaciares (que prohíbe las actividades extractivas en los cuerpos de hielo).
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La causa, impulsada por la Asamblea de Jáchal luego del derrame de la empresa Barrick Gold en San Juan, investiga las responsabilidades políticas y técnicas que impidieron relevar los glaciares y posibilitan la minería en zonas prohibidas. Los jueces federales Martín Irurzun y Eduardo Farah confirmaron la decisión de su colega de primera instancia Sebastián Casanello, que en noviembre pasado había procesado a los tres ex secretarios de Ambiente por el incumplimiento de la Ley 26.639 (Ley de Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial). También había procesado a Ricardo Villalba, director del Ianiglia (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología, y Ciencias Ambientales), responsable de relevar los glaciares. Los cuatro procesados apelaron la medida. Pero los jueces de la Cámara Federal confirmaron la existencia de elementos suficientes para que la causa avance, trabar embargos de hasta cinco millones de pesos y prohibir la salida del país de los acusados. Domingo Jofré, de la Asamblea Jáchal No Se Toca, afirmó que “es esperanzador el fallo porque confirma el procesamiento de quienes han incumplido la ley, justamente ellos que debían proteger los glaciares”. También recordó que la minera Barrick Gold no puede operar en San Juan (proyecto Veladero y Pascua Lama), “donde destruyó glaciares y contaminó con derrames de cianuro”. Repudió, y pidió condena, para los “sucesivos funcionarios que actuaron y actúan como garantes de impunidad de las multinacionales mineras”. Recordó la exigencia básica de la asamblea sanjuanina: que se cumpla la ley.
Los procesamientos se basan en la infracción al artículo 248 del Código Penal: “Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales (...) o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”. (Página 12, Buenos Aires, 8/03/18)

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