Sin consenso en el PJ, se estira el debate por la reforma de la ley 7722

Mendoza. El debate por las reformas propuestas a la ley 7722 retomado en las últimas semanas se volvió a enfriar este martes.
ley 7722

Es que el consenso pedido por el oficialismo entre los espacios políticos no se concretó y, ahora se deberá esperar al recambio de gobierno para impulsar el tema.

En concreto, el peronismo se negó a apurar la discusión esta semana, en la previa del cambio de composición de las cámaras de la Legislatura. Asimismo, pidieron esperar a la asunción de Rodolfo Suarez en la Gobernación.

"Es un acuerdo del peronismo, los intendentes y Anabel Fernández Sagasti. Queremos tratar una ley más integral. Hay muchas cosas para incorporar y tiene que haber consenso social", afirmó la senadora Patricia Fadel (PJ).

Asimismo, expresó que no era "lógico que el lobby empresario quiera sacar un proyecto a las apuradas" y sostuve que el tratamiento se reavivará más adelante.

Luego de la sesión de acuerdos por la designación de Néstor Pares al frente del Tibunal de Cuentas, un sector del radicalismo, más identificado con Alfredo Cornejo, se reunió con las cámaras empresariales afines a la minería. Allí, volvieron a solicitar por la derogación parcial de la 7722.

"Vamos a esperar al próximo gobernador, que parece que entiende más", expresó ofuscado un legislador justicialista pro minero.

De esta manera, y con el apoyo explícito del actual intendente capitalino a cambiar la norma, los proyectos que buscan modificar la "ley del agua" se abordarán con la próxima gestión, que asumirá a comienzos de diciembre. (Sitio Andrino, Mendoza, 19/11/19)

 

Minería no es solo discutir la ley 7722

o.- Mendoza. (Por Marcelo López Álvarez). Después de años de postergación y debates de bajísima calidad institucional y técnica, la dirigencia mendocina y gran parte de la ciudadanía parecen haber entendido algo que nunca estuvo en duda; la minería es una actividad industrial y de desarrollo licita y reglada, como lo es la vitivinicultura, el turismo, la metal mecánica o el comercio.

La discusión de cómo activar el desarrollo minero en Mendoza después de años de frustración y oscurantismo sobrepasa los límites del arco político que es al fin y al cabo el que debe dictar nuevas o modificar viejas normas que impidieron el desarrollo básico de una industria de alto impacto económico.

Por estas horas el debate mediático parece estar centrado en la famosa 7722, una norma legal y constitucional pero que es extremadamente ambigua y esconde la intención de prohibir, mediante la apariencia de falsos controles, la actividad.

Esa discusión ya parece saldada por la política y gran parte del arco productivo de la provincia que parece haber entendido a la fuerza que el desarrollo y ampliación de la matriz productiva de la provincia es necesaria. Un viejo hombre de la minería siempre repetía ante periodistas y políticos la misma frase "Mendoza hará minería el día que la crisis le pase por encima". Ese momento llegó. El modelo productivo de Mendoza es un canto de virtudes para salir en los diarios y revistas del mundo llenos de glamour y elegancia, pero es insostenible para desarrollar y dar de comer a una provincia con 2 millones de habitantes y que solo tiene cultivable el 4% de su territorio.

Si bien la famosa 7722 se lleva la atención mediática no es menos cierto que la profundidad de la discusión sobre qué, cómo, cuándo y cómo desarrollar la actividad es mucho más extensa.

La minería mundial y la nacional están llenas de ejemplos para copiar, imitar o cambiar sobre las preguntas más escuchadas. Hay sin embargo una respuesta única, el modelo a seguir es el que tenga mayor valor agregado y mayor participación posible de los actores locales en sus diversos anillos (Departamental, provincial, nacional). He aquí un gran desafío de lo que queda por discutir y reglamentar.

La última experiencia en Mendoza con Vale no fue buena, el gigante brasileño termino contratando a otra gran multinacional que a su vez solo subcontrato las migajas de la gran obra en proveedores locales a pesar de la alta capacitación de estos para las diversas tareas. Empresarios mendocinos recuerdan que en aquel momento no quedó más del 15 o 20 por ciento del total de la gran obra en manos locales. Aquí es donde entra a jugar el rol de un estado fuerte y controlador capaz de garantizar que el derrame quede puertas adentro de la provincia beneficiada con el proyecto.

El marco de la reglamentación para el compre local debe ser estricto, son inversiones muy grandes para dejar que se derrame en jurisdicciones ajenas ya sea en mano de obra o en los aspectos tributarios.

La actividad debe ser reglada como lo está -por ejemplo- la obra pública o las contrataciones del Estado a través de la ley de 4416 que tienen dos artículos destinados al compre mendocino.

El cambio de la 7722 puede abrir la puerta a que inversores extranjeros posen sus ojos nuevamente en Mendoza, en ese largo proceso de estudio y los legisladores, funcionarios, empresarios y trabajadores deberán abocarse al importante trabajo fino de reglamentar el proceso al que deberán adecuarse las inversiones que lleguen a desarrollar nuevos o viejos proyectos.

Es indispensable que en los proyectos las reglamentaciones sean claras y los compromisos queden por escrito, por ejemplo el tercer párrafo el artículo 20 de la ley mencionada es terminante "Los pliegos licitatorios contendrán cláusulas de preferencia a favor de empresas mendocinas de hasta un cinco por ciento (5%) de los montos de las ofertas, a los efectos de aplicar el Artículo 25 de la presente Ley, a condición de priorizar la contratación de mano de obra local" y el 20 bis de la misma ley asegura que "Considérase empresa mendocina a los efectos de la aplicación del artículo anterior, a aquellas que, constituidas bajo la modalidad de sociedades, sus socios estén mayoritariamente domiciliados en la Provincia de Mendoza, con residencia efectiva en la misma y con casa matriz en el territorio provincial. En el caso de empresas unipersonales, el titular deberá reunir los requisitos indicados precedentemente. Las uniones transitorias de empresas y los contratos de colaboración empresaria, para quedar comprendidos en esta categorización, deberán tener una participación mínima de empresas encuadradas en las disposiciones anteriores, en un porcentaje no inferior al cincuenta y cinco por ciento (55%)".

Es una buena base para empezar a la que se podría sumar por ejemplo cierta antigüedad en la constitución en la provincia o porcentaje de empleo local o a su vez que la compra de sus insumos o contrataciones también se realice con proveedores locales etcétera.

El compromiso de la política y el Estado no deber ser solamente el control ambiental de los proyectos, hasta se podría decir que esa discusión en el estadío actual de la actividad minera en Mendoza es exagerada, para que haya un proyecto minero en marcha en Mendoza faltan no menos de cinco o seis años y ese es precisamente el periodo dónde se produce la mayor inversión que puede aprovechar la economía mendocina en cuanto a efecto multiplicador de esa inversión, ese es el gran desafío que tiene el Ejecutivo por llegar y la clase dirigente en general; no solo volver a posicionar a Mendoza como una provincia para invertir en el rubro sino maximizar para beneficio de los mendocinos esas inversiones por venir. (Sitio Andino, Mendoza)

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