Catamarca/Cara y Cruz: Regalías mineras, prevención ante el fracaso

Independientemente de la opinión que se tenga sobre el procedimiento adoptado por el Gobierno para reformular el régimen de distribución secundaria de las regalías mineras, es muy difícil rebatir que la administración, no ya de las regalías sino de la renta minera en general, ha sido en Catamarca un fracaso.
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Los desatinos perpetrados en todos los niveles con las utilidades provenientes de la explotación de recursos provinciales no renovables dan para un extenso catálogo.  Por razones de espacio, se consignará solo un contraste, suficientemente ilustrativo: en 2011, cuando comenzaba a remitir la etapa dorada de los ingresos mineros, que coincidió con el auge de la producción de Bajo La Alumbrera, los servicios de agua, cloacas y energía habían colapsado en Catamarca por falta de infraestructura, pero millones de la minería se habían empleado en la edificación de un megaestadio, el Bicentenario, que debió clausurarse al poco tiempo por defectos de construcción. Luz, agua y cloacas en crisis y un estadio primermundista inservible: adecuado ejemplo de insensatez, por no entrar en las corruptelas que signaron el historial de regalías y utilidades mineras de cabo a rabo.

Las objeciones de la oposición a la modificación de leyes por vía de decretos encontraron inesperado eco en dos senadores del oficialismo. El capitalino Maximiliano Brumec y el belicho Jorge Solá Jais, presidentes de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Minería, respectivamente, señalaron defectos constitucionales del dispositivo y advirtieron que no estaban dispuestos a avalar la decisión gubernamental sin debate. Solo dos tribunos de una bancada compuesta por 14, pero alcanzó para el Gobierno revisara su estrategia. Los senadores oficialistas concurrieron ayer a la Casa de Gobierno y se reunieron con el gobernador Raúl Jalil. Del encuentro participaron también la presidente de la Cámara de Diputados, Cecilia Guerrero; el presidente del bloque de diputados oficialistas, Marcelo Murúa y el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales de ese cuerpo, Augusto Barros. Fue una movida prudente: el oficialismo precisa fortalecer el frente interno porque la crisis por el coronavirus amaina y empezó el deshielo de la discusión política.

El cortocircuito parece haberse salvado por el momento y la reforma del régimen de regalías se tramitaría por ley, pero los argumentos constitucionales y reglamentarios camuflan la discusión de fondo.

Lo medular de la reforma que propone Jalil es que el destino de las regalías sea establecido en el Presupuesto, que es aprobado todos los años por la Legislatura, en lugar de que lo determinen los intendentes. Esto es: la decisión política sobre la inversión de esta parte de la renta minera cambiaría de manos.

Reculan, dice la oposición, por lo bajo intendentes opositores y peronistas, las autonomías municipales, cosa que puede ser cierta desde el siempre respetable punto de vista teórico aunque se eluda abordar la aplicación práctica que ha tenido acá tan noble principio: la autonomía municipal se enarbola exclusiva e históricamente para gastar, nunca para procurar el financiamiento autónomo de tales gastos.

Andalgalá, paradigma de la dilapidación de las regalías mineras, se erige también ejemplar en este caso análogo al del estudiante calavera y crónico solventado por la familia: fue el municipio más beneficiado en el reparto de las regalías de Bajo La Alumbrera, pero no logra salir de las planillas de auxiliados por el Tesoro Provincial para cubrir gastos corrientes.

La discusión por el destino de la renta minera, de la que las regalías fueron solo la cuarta parte, se reactiva cuando estos fondos son muchísimo menores de lo que fueron en la primera década del siglo. Es una buena oportunidad, en el marco de la reforma del Estado, para intentar otro diseño. Preventivo, ahora que está de moda el término, ante la reiteración del fracaso.n

El Ancasti

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