Catamarca/Cara y cruz: Otra valla judicial

Con el respaldo de la organización Pucará el cacique de la comunidad originaria Atacameños del Altiplano, Román Guitian, planteó ayer en el Juzgado de Minas la suspensión del proyecto para el acueducto en el río Los Patos, en Antofagasta de la Sierra.
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Considera esta comunidad que “no hay licencia social” para utilizar el agua de Los Patos, el río más caudaloso de la Puna, en beneficio de la empresa Livent, que explota litio en el Salar del Hombre Muerto. El viernes, anunció la organización Pucará, se presentarán en manifestación en el Juzgado de Minas para requerir una respuesta al juez Guillermo Cerda.

Suma al frente judicial antiminero, en el cual la actividad sufrió un duro revés nada menos que en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que anuló por defectos de forma la aprobación del informe de impacto ambiental que había presentado Minera Agua Rica para el yacimiento Agua Rica, en Andalgalá, y ordenó practicar uno nuevo, con la expresa directiva de que se garantizara la participación de la sociedad.

La comunidad Atacameños del Altiplano sostiene sus objeciones también, según dijeron sus representantes, en “dos análisis críticos que muestran todos los errores del informe de impacto ambiental” del acueducto Los Patos, “un detallado análisis de las violaciones a los derechos de consulta pública, libre, previa e informada a la comunidad indígena y a los vecinos y vecinas” y “17 irregularidades que la propia Dirección de Minería reconoce, las cuales convierten en ilegal, irregular y contra derecho la aprobación del proyecto del acueducto”.

Valorará el juez Cerda la solidez de los argumentos que esgrimen los demandantes. Mientras, el planteo muestra que la protesta en Antofagasta de la Sierra gana en sofisticación: no se limita ya sólo a estimular temores por los efectos que la intensificación de la explotación del litio podría tener sobre el medio ambiente; apunta erosionar el proyecto de Livent en la Justicia del mismo modo que los autoconvocados de Andalgalá lo hicieron con Agua Rica.

El otro flanco judicial todavía irresuelto de la política minera provincial es el de la ordenanza municipal que prohíbe la minería a cielo abierto en Andalgalá, sobre cuya inconstitucionalidad la Corte de Justicia provincial aún no se ha expedido.

Lógicamente, el pedido al juez incluye también la “reconstrucción detallada del proceder ilegal y persecutorio de las fuerzas policiales a los vecinos del Salar y al cacique de la comunidad indígena, además del episodio de detención ilegal y de violencia a la familia Morales”.

El atropello a la familia Morales, que se negaba a dejar pasar un camino de la Livent por su propiedad y fue agredida por la policía, constituyó un error tremendo del Gobierno desde el punto de vista político.

La fiscal Verónica Saldaño ordenó la intervención policial contra los Morales en función de una presentación de la Fiscalía de Estado que consideraba que las tierras donde la familia estaba afincada desde hacía décadas eran fiscales.

La disposición judicial detonó un escándalo que visibilizó la disputa en la puna con mayor eficacia que cualquier manifestación popular en parajes tan recónditos.

Las alarmas ambientalistas se encendieron y la resistencia contra la Livent afianzó su fuerza política.

Pucará ganó presencia como organización precisamente a partir del episodio con los Morales y en el conflicto puneño tienen particular protagonismo las comunidades originarias.n

El Ancasti

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