Las dos caras del oficialismo en el debate minero

Alfredo Cornejo y Rodolfo Suarez tuvieron que ocuparse personalmente, entre martes y miércoles de esta semana, de resolver un tema delicado.
suarez cornejo

orge Difonso, ex intendente de San Carlos y ya diputado provincial en funciones, se había lanzado en firme como candidato a presidir la Cámara Baja. Los gobernadores debían resolver si le levantaban la mano al sancarlino o al coordinador de gabinete de Cornejo, Andrés Lombardi.
Suarez se reunió con Difonso el martes a la noche y, el miércoles al mediodía, los dos mandatarios hablaron con él. Para que Difonso pudiera aspirar a presidir Diputados, había una condición: su renuncia a la defensa de la redacción original de la ley 7722.
Eso no ocurrió y se terminó la "campaña" de Difonso para ocupar el sillón que dejaba vacío Néstor Parés en Diputados. El punto de colisión por la ley que el propio Difonso escribió en 2007 junto a otros legisladores era obvio. Lo que sorprendía en este contexto era, precisamente, la pretensión de Difonso de presidir la Cámara Baja: ¿Qué pensaba hacer cuando el gobernador le ordenara sacar una reforma de la ley "antiminera"?
Difonso se había lanzado porque, hasta esta semana, tuvo dudas sobre la intención real de modificar la emblemática ley 7722 por parte de Suarez. Al no estar convencido, pesaban más los gestos o compromisos previos de la campaña electoral.
El entonces jefe comunal de San Carlos militaba junto a Sergio Massa en el Frente Renovador, pero en Mendoza estaba unido al cornejismo, dualidad que se volvió insostenible cuando Massa se unió al kirchnerismo.
Difonso se separó de Massa y, amparándose en el desdoblamiento de elecciones provinciales, pudo seguir militando en Cambia Mendoza. Terminó así como primer candidato a diputado en el tercer distrito, aunque en aquellas definiciones electorales, al parecer, se charló algo más.
Desde el radicalismo lo desmienten, pero hay quien dice que el intendente de San Carlos había acordado sumarse a la lista de candidatos de Cornejo porque le habían prometido que sería el presidente de la Cámara de Diputados cuando asumiera la banca.
Si se rompió o no un pacto previo entre Difonso y el radicalismo, nadie dejó ver los resquemores en público. Incluso el legislador respaldó en plena sesión la elección de su adversario Lombardi como presidente de Diputados.
Difonso reconoce que su posición sobre la minería era un "condicionante" para alcanzar el objetivo deseado y se deberá conformar con su condición de diputado raso. La cuestión es que, ahora más que nunca, el sancarlino se planta contra la reforma prominera de Cornejo y Suarez.
La intención de hacer esta reforma es más que evidente, aunque no se conozca por ahora el plan. Algunos radicales recuerdan que faltan más de 15 días para que el gobernador electo asuma y no descartan algún intento más antes de que se vaya Cornejo para reflotar los proyectos que esta semana no trató el Senado.
Para Suarez y para Cornejo, el problema no es de votos, ya que la asunción de los diputados y senadores electos amplió el dominio oficialista en ambas cámaras. Lo que quieren ambos es el consenso del partido opositor.
Sería el colmo de las contradicciones, tal vez, que Suarez impusiera la sanción de dos proyectos que propusieron senadores del justicialismo, pero que el propio PJ rechaza. En el oficialismo no están convencidos de avanzar en estas condiciones.
La idea de abrirle la puerta a la minería metalífera es, de todos modos, muy real. El cambio de postura en este tema del futuro ministro de Infraestructura lo confirma.
Se trata de Enrique Vaquié, para quien el tema no es menor: fue coautor de la propia ley 7722 cuando era senador, junto a Difonso, el alvearense Walter Sáenz y Alejandra Naman. Sin embargo, el futuro funcionario cree que el contexto de Mendoza cambió en los últimos 12 años y sostiene que ya no es necesario seguir frenando la minería.
Es cierto que el clima social en el que salió la ley 7722 era particular. En el Valle de Uco había reacciones ante los cateos irregulares de empresas mineras que buscaban oro y cobre y un funcionario de Julio Cobos (el entonces director de Minería, Carlos Monjo) tuvo que renunciar ante la sospecha de que operaba de los dos lados del mostrador.
Primero como concejal de San Carlos y luego como senador, Difonso militó en contra del avance minero. Ya como legislador, impulsó la sanción de la ley 7627, una norma que precipitó la 7722.
Durante el gobierno de Cobos, el oficialismo estaba dividido. De ese modo, se pudo sancionar la ley 7627, que suspendía la actividad minera en toda la provincia hasta que el Gobierno presentara un plan ambiental.
Cobos vetó aquella ley y ese gesto provocó un escándalo. Crecieron las protestas antimineras en la calle y en la propia Legislatura. Corría junio de 2007 y, en apenas dos días, entre el despacho del entonces ministro de Obras Quico Morandini en la Casa de Gobierno y la oficina del propio Vaquié en la Legislatura, la ley 7722 vio la luz, como solución para el conflicto.
El futuro ministro de Infraestructura explica qué cosas han mejorado, para él, desde entonces. "Ahora hay conciencia de las empresas de que deben ser responsables y hay un Estado que ha empezado a funcionar en forma acorde y puede dar garantías de controles", explicó esta semana Vaquié en MDZ Radio.
Mendoza ya no es aquella provincia en la que la minería quería entrar "en forma prepotente", argumenta también Vaquié.
Pero Difonso, su socio de 2007, no está convencido de que las cosas hayan cambiado tanto. (Mdzol, Mendoza, 24/11/19)

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