Causa Cupon: Alberto debutara el 31-D en los tribunales de Nueva York

El cupón PBI y la supuesta “mala fe” del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner por el no pago del bono en el 2013 el juzgado de Loretta Preska deberá tratar el caso iniciado por el fondo buitre Aurelius, que cuestiona la alteración en la medición del PBI ese año; y, en consecuencia, no haber liquidado el cupón correspondiente.
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Están en juego hasta u$s 5.000M. La estrategia deberá ser planteada por la procuración del Tesoro. El gobierno de Mauricio Macri había defendido la actuación de Kicillof.
La catarata de juicios contra la Argentina en Estados Unidos, no le dará respiro a Alberto Fernández. El próximo gobierno tendrá pocos días para preparar la estrategia que aplicará para defender al país en uno de los más difíciles casos con los que debería lidiar en Nueva York: el del cupón PBI y la supuesta “mala fe” del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner por el no pago del bono en el 2013. Ya el 31 de diciembre, el juzgado de Loretta Preska deberá tratar el caso iniciado por el fondo buitre Aurelius, que cuestiona la alteración en la medición del PBI ese año; y, en consecuencia, no haber liquidado el cupón correspondiente.
El último día hábil de 2019, los abogados que defienden al país tendrán que contestar la presentación del fondo cautivo de Aurelius, el Novoriver, en lo que se convertirá en el primer opus de la gestión de Alberto Fernández lidiando con este tipo de causas, todas heredadas por hechos concretados durante los años kirchneristas; y a los cuales la administración de Mauricio Macri no pudo cerrar. A la causa generada por el no pago del cupón PBI en 2013, se deben sumar la provocada por la reestatización de YPF, la de la renacionalización de Aerolíneas Argentinas y el caso Maxus contra YPF. Todos sumados superan los u$s 12.000 M nominales de reclamos; y en el caso del cupón, la suma superaría los $ 5.000M.
Según lo dispuesto por el tribunal del Segundo Distrito Sur de Nueva York, el 31 de diciembre, la Argentina tendrá que contestar por la acusación presentada por Novoriver. Este fondo, hizo su presentación el 31 de octubre pasado, reclamando sumarse a lo que su controlante Aurelius venía litigando desde comienzos de año: que el ministerio de Economía alteró la medición del PBI durante el 2013 para no pagar el cupón. Nororiver es una extraña sociedad uruguaya, que reclama por la tenencia de bonos por unos u$s 181M, lo que sumados a los 160 M de la presentación de Aurelius; alcanzan los u$s 341 M totales.
La especulación generalizada en los mercados es que hay, además, muchos operadores del sistema financiero tomando posiciones tanto en el Cupón como en el bono Par, a la espera del llamado al reperfilamiento de deuda, y esperando si estos papeles se incluirán o no en la negociación. En el caso de que suceda, esperan presentarse en el mismo juzgado para denunciar que se estaría reprogramando el pago de una deuda ya reprogramada, con lo que el daño (en el caso del Cupón PBI) sería doble. Y la demanda también. La jueza Preska, decidió el viernes pasado que avanzará con el proceso, y que el 31 de diciembre dará el primer paso concreto. Se conocerá además cual es la estrategia local, necesariamente diseñada por quien se indica será el próximo procurador del Tesoro, Carlos Zannini (adelantado el lunes pasado por este diario), quién deberá defender lo actuado en 2013, cuando se desempeñaba como secretario General de la Presidencia.
De acuerdo con lo explicado por el analista de FinGuru, Sebastián Maril, “según el demandante, el 21 de febrero de 2014, el entonces ministro de Economía Axel Kicillof anunció que el PBI del año 2013 había crecido 4,9%. Un mes más tarde, el 26 de marzo de 2014, anunció que por una revisión de cuentas (cambio de base de 1993 a 2004), el crecimiento había sido del 2,9%, menor al 3,25% que gatillaba el pago de Cupón del PBI. Fue un anuncio sumamente ‘desprolijo’, que el mercado tomó como otra manipulación de datos con tal de no pagar a los acreedores”.
La causa, para la Argentina, puede convertirse en una verdadera bomba de tiempo financiera y fiscal si finalmente Preska determina que el fondo buitre Aurelius tiene razón en su reclamo. Esto sucedería si para la jueza de primera instancia se confirma que durante la gestión de Axel Kicillof en el Ministerio de Economía, en la última parte del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y la intervención del INDEC de Guillermo Moreno, hubo alteraciones en el cálculo del Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) para que el país se ahorre de liquidar unos u$s3.000 M en 2014. Según Aurelius, el Gobierno alteró la base de cálculo del EMAE para que el crecimiento final del PBI de ese año supere el 3,22% y así no activar la cláusula de liquidación del cupón PBI. El INDEC calculó para ese año un crecimiento del 2,8%, pero modificando el cálculo base, una acción que para Aurelius fue “adrede” para perjudicar a los tenedores de este bono en lo que representa “mal desempeño de sus funciones”.
Según el demandante, si no se hubiera alterado la base de cálculo de 2013, la Argentina habría crecido el 3,5%, con lo que pagar el Cupón PBI hubiera sido obligatorio.
El gobierno de Mauricio Macri presentó su defensa el 3 de julio pasado, argumentando contra la demanda de Aurelius con una explicación curiosa: para que no prospere la causa, defendió la alteración del PBI de 2013, asegurando que era facultad de la gestión de Cristina de Kirchner modificar el cálculo. Con esto defendió la decisión de modificar el cálculo del pago del bono a partir de la modificación de la cifra de crecimiento aportada por el INDEC, en tiempos de la intervención directa del entonces secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. Fue la segunda vez que se utilizó este argumento. El 18 de abril den 2019, para evitar el ataque de Aurelius, los abogados que representan al país contratados por la procuración del Tesoro, aseguraron ante la Justicia norteamericana que el Gobierno de Cristina de Kirchner estaba en su derecho de modificar el año base de cálculo del PBI, y que el acusador no demostró que haya habido un mal manejo de las cifras de ese organismo entre 2013 y 2014.
Aurelius es un viejo conocido de la Argentina. Y de muchos países con destino de mal manejo de su deuda pública y privada. Es propiedad de Mark Brodsky, discípulo de Paul Singer y exempleado de Elliott, quien en algún momento en los inicios de la década pasada se independizó y abrió su propio bufete buitre. Si bien su mayor y más beneficioso negocio lo hizo con la Argentina y el “juicio del siglo”, se lo conoce por su inquietud de bucear por todo el mundo para encontrar oportunidades de negocios en estados a punto de alcanzar el default o empresas importantes en dificultades. Por ejemplo, contra Puerto Rico en tiempos de su crisis económica y financiera y contra Petrobras en medio de la causa por el Lava Jato. (Ambito Financiero, Buenos Aires, 25/11/19)
 

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