Indagan a 7 funcionarios de la gestión kirchnerista por incumplir la ley de glaciares

Minería 09/08/2017
El juez Casanello consideró que si la hubieran aplicado no se habrían producido los derrames de la Barrick Gold en San Juan.
derrame Barrick

El juez federal Sebastián Casanello citó a siete funcionarios y ex funcionarios nacionales a prestar declaración indagatoria en la causa donde investiga los incumplimientos de la Ley Nacional de Glaciares en la zona donde funcionan los proyectos mineros Veladero y Lama -en la provincia de San Juan- de la empresa Barrick Gold.

Después de reunir montones de pruebas y tomar múltiples declaraciones testimoniales a expertos, el titular del Juzgado Federal 7 consideró que no se cumple con la Ley Nacional de Glaciares (la 26.639, sancionada en 2010), especialmente en la zona donde se permitió la instalación y funcionamiento de las minas. Por eso citó a Juan José Mussi, secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación entre diciembre de 2010 y diciembre de 2013, Omar Judis, secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación entre diciembre de 2013 y marzo de 2015, y Sergio Lorusso, secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación entre marzo de 2015 y diciembre de 2015. También citó a Ricardo Villalba, director del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) hasta octubre de 2016, Patricia Gandini, administradora de la Administración de Parques Nacionales (APN) de 2010 a marzo de 2013, Carlos Enrique Corvalan, su sucesor hasta enero de 2015 y Eugenio Indalesio Breard, que asumió en enero de 2015 y sigue en su cargo.

Y en relación con la gestión actual, el juez pidió al Departamento de Control de Gestión Ambiental de la Auditoría General de la Nación que haga un informe, y les dio dos meses de tiempo.

Indagan a 7 funcionarios de la gestión kirchnerista por incumplir la ley de glaciares

Pericias en la mina Veladero, de San Juan, tras uno de los derrames. FOTOREPORTER

Desde que la Barrick Gold abrió Veladero, los problemas se sucedieron uno tras otro: en septiembre de 2015 se produjo el mayor desastre en la historia de la minería en el país, cuando se derramó de más de un millón de litros de solución cianurada que terminaron contaminando a cinco ríos. En septiembre de 2016 hubo un nuevo derrame y en marzo de este año, otro más. Hay dos causas, una en la Justicia local, y ésta, en la federal. Enrique Viale y Diego Seguí son abogados, representantes de la Asamblea Jáchal No Se Toca, y plantearon un razonamiento lógico: si los funcionarios hubieran cumplido con sus obligaciones, como dispone la Ley, “los derrames de solución cianurada se habrían evitado”.

Casanello dedica varias páginas de su resolución a explicar cuestiones básicas ambientales, como para que se entienda la importancia de preservar las reservas hídricas estratégicas que se encuentran en los glaciares y el ambiente periglacial. Asegura que “en la provincia de San Juan persisten importantes problemáticas asociadas con el manejo de los recursos hídricos”. Y cita un documento del CONICET: “La mina Veladero se encuentra principalmente sobre las cuencas de los ríos Potrerillos y Canito, estimándose que el emprendimiento se extiende en un espacio aproximado a 300 km2. Mientras que el proyecto minero Pascua-Lama en su sector argentino se encuentra principalmente sobre el río Turbio, el Arroyo, Canito y Potrerillo”.

Según la Ley 26.639, “la medida central de protección de estas masas de hielo perenne es declararlas bienes de carácter público”. “Para poder proteger estos cuerpos -glaciares y periglaciares- es preciso, primero, conocerlos”, dice el juez. Lo que debía ocurrir según lo estipulado por la ley era que el IANIGLA hiciera un inventario, además de un monitoreo del estado de los glaciares y el ambiente periglacial bajo la coordinación de la ex Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS). Nada ocurrió. Y “un glaciar no inventariado es un glaciar desprotegido”.

Por eso ahora dice el juez: “En el ámbito de sus competencias varios organismos nacionales contribuyeron mediante sus omisiones a generar un ámbito de desprotección de los glaciares, vulnerando así las previsiones de la ley 26.639”. Sobre la ex SAyDS (hoy Ministerio): “puede ordenar el cese o traslado de la actividad y las medidas de protección, limpieza y restauración que correspondan y a efectuar las acciones conducentes a la conservación y protección de los glaciares y del ambiente periglacial”. Sobre el INAGLA sostiene que actuó en contradicción con la ley. Y sobre la APN, la autoridad competente, dice directamente que hubo “ausencia de acciones”.

Sobre el pedido de informes a la AGN, sostiene Casanello que “la metodología que vulnera los presupuestos mínimos establecidos por ley aún no habría sido modificada y se desconoce con precisión lo realizado en pos de readecuarla y relevar en profundidad las zonas prioritarias –Pascua Lama y Veladero-. También se desconocen las medidas de acción efectivas adoptadas frente a esa actividad y si se ha cumplido con el mandato legal (y constitucional)”.

Te puede interesar