Temas de debate: La politica oficial que impulsa el macrismo para regular al sector

Qué hay detrás del nuevo acuerdo minero. Cuáles son los preceptos con los que a partir de ellos se busca darle impulso a la actividad de la mano de la inversión privada. Qué papel cumplirán las empresas públicas provinciales. Todavía no se observan respuestas claras a algunos desafíos que se imponen en la actualidad.
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Algunos interrogantes
(Por Arturo Trinelli-Docente Flacso/UBA/UNPaz. Fundación Generación del Sur) El estructuralismo latinoamericano suponía que la industria era clave por al menos dos razones. Por un lado, porque permitía diversificar la estructura productiva, volviendo más adaptable e inmune a los países de los shocks externos. Por otro, por ser difusora del progreso técnico que, entendían, era el vector del desarrollo. Estas escuelas de pensamiento han aportado mucho a la hora de debatir la especialización productiva en naciones como las nuestras con abundante dotación de recursos naturales. Pero, como recientemente ha recordado el economista Diego Coatz, más que de “industrias” hoy deberíamos hablar de “cadenas industriales”, caracterizadas por procesos interconectados que vuelven precisamente más compleja la oposición “campo versus industria”. Así, por ejemplo, Monsanto aplica tecnología digital para mejorar los resultados económicos del maíz, lo que implica adaptar la “inteligencia artificial” a la producción agropecuaria. En este contexto, el flamante Acuerdo Federal Minero presentado por el Gobierno busca amalgamar los siempre heterogéneos intereses de las provincias y darle mayor previsibilidad a un sector sobre el cual la política económica tiene grandes expectativas. El espíritu que motivó los consensos necesarios fue la necesidad de adecuar el marco regulatorio, toda vez que la minería continúa siendo regulada por un código de fondo sancionado en el siglo XIX -más allá de algunas modificaciones que se hicieron posteriormente- junto con un conjunto de leyes sancionadas durante los ‘90 en momentos de ebullición de los emprendimientos metalíferos en el país, las que cambiaron estructuralmente el perfil minero argentino y buscaron receptar las principales inversiones de la época. El renovado impulso a la actividad busca fomentar nuevas exploraciones y homologar algunas condiciones en un país donde, como efecto del dominio provincial de los recursos mineros, siempre para el inversor existe más de una “ventanilla” posible. Los nuevos (¿viejos?) preceptos sobre los cuales se acordó relanzar la minería refieren a (i) incrementar los niveles de empleo y compre local;  (ii) priorizar la formación de pymes locales proveedoras de insumos a la industria; (iii) buscar complementariedad con otros sectores estratégicos como el energético; y (iv) estandarizar el sistema de regalías, que pone un tope del 3 por ciento sobre el importe total de los ingresos brutos devengados por cada emprendimiento, dejando fuera de la base del cálculo el débito fiscal del IVA. En este punto, surge el interrogante de si las provincias, pudiendo fijar entre 0 y 3% por este concepto, no competirán “a la baja” en el caso de emprendimientos complejos y de potencial geológico compartido. Pero, a su vez, hay consideraciones sobre un nuevo sujeto económico reconocido como actor relevante dentro del sector, a saber: las empresas públicas provinciales. Asimismo, se incluyen enunciados generales sobre cuestiones ambientales, aspectos institucionales, gremiales y relativos a obras de infraestructura, para las cuales hay compromisos tanto de Nación como de las provincias. En definitiva, tal vez todas estas disposiciones operen como base para discutir una nueva política minera. Sin embargo, todavía no se observan respuestas claras a algunos desafíos que se imponen en la actualidad referidos a cómo lograr el “salto schumpeteriano” en la minería, en lo que representa hoy el talón de Aquiles del sector: ¿cuáles son las capacidades innovadoras que ha introducido la industria minera luego de más de dos décadas de explotación intensiva? ¿Se ha conseguido verificar cierta complejización tecnológica que permita avizorar mayores dosis de agregado de valor a la producción metalífera?. En una actividad donde intervienen múltiples actores con intereses diversos y no siempre convergentes, es un hecho que sólo el Estado puede conducir esas agendas de manera virtuosa. Conducción que debería fomentar un debate que no sólo discuta los márgenes de renta, los ingresos fiscales o las condiciones de explotación de los recursos naturales, sino también cuál es el aporte real de una industria creciente en el desarrollo productivo y la reducción de las desigualdades territoriales a nivel federal.


No es un fin en sí mismo
(Por Héctor Oscar Laplace: Secretario General de A.O.M.A.) La intención de poner en práctica el Nuevo Acuerdo Federal Minero es un acto enunciativo que sirve como señal positiva a los sectores inversores. Es un instrumento del Estado para que los inversionistas de riesgo sean seducidos, nuevamente, para acercar sus capitales a la exploración y explotación minera. No es un fin en sí mismo, dado que la industria minera se nutre de varios factores, donde las reglas claras y la seguridad jurídica juegan un rol sumamente trascendente. Estas garantías aseveran, como sucedió entre los años 1997 y 2010, que lleguen inversionistas para explotar la amplia diversidad de minerales que posee Argentina. También, debe quedar muy claro, que por sí sólo el NAFM no es una solución. La industria minera conlleva infinitas demandas provenientes de múltiples sectores que, para consolidar un definitivo desarrollo, exigen que se deban abordar temáticas que esta normativa no contempló ni solucionó. Como país deberíamos prestar mayor atención al uso de las riquezas que genera la minería. La captación mayoritaria de estos fondos, por parte de la nación, es en desmedro de las economías regionales. Se debería haber buscado que, la explotación de los recursos, hagan mayor impacto en las zonas donde se extraen los minerales. En lo referido a la generación de mano de obra directa e indirecta esta industria es multiplicadora de oportunidades. No obstante, su desarrollo lleva a la existencia de una gran masa de trabajo tercerizado, lo que significa, que haya trabajadores de primera y segunda categoría. La falta de gestión y decisión en el cumplimiento de las normas es una falencia que no permite el acceso de nuevos trabajadores regularizados y bien remunerados. En cambio facilita que los sectores empresarios posean trabajo basura mediante patrañas semi legales. Desde la Asociación Obrera Minera Argentina, en ambas oportunidades que nos invitaron a participar y escuchar nuestras sugerencias durante la redacción del NAFM, hicimos hincapié sobre que, en todos los procesos del despliegue de esta actividad, deberían tener más participación las universidades nacionales por su prestigio y calidad institucional. Tanto en el cuidado del ecosistema, las investigaciones o la construcción de nuevos escenarios que potencialicen científica y técnicamente el mejor aprovechamiento de los recursos naturales. Entendemos que nuestros académicos deben hacer su aporte. En la misma línea se debería haber abordado la participación de la comunidad en los controles y formas de relacionamiento. Esto acercaría con mayor contundencia la aceptación de una industria relacionada en forma directa con la sociedad. El hombre convive con los minerales. Entendemos que este NAFM debió captar, con mayor contundencia, 20 años de historia transcurrida desde la llegada de la minería a gran escala a nuestra nación. Lo hecho en esta oportunidad, como documento es válido, pero faltaron sumar elementos sociales que en la redacción del año 1993 no fueron tenidos en cuenta. La sociedad demanda de este sector elementos que deberían tener el mismo estatus que las exigencias de los capitalistas cuando demandan poseer reglas claras. Sobre este aspecto observamos, a nuestro juicio, que han quedado temas pendientes de alta significancia social. Los trabajadores mineros argentinos somos testigos de cómo se lleva adelante esta industria, conocemos aciertos y errores. Por eso hablamos desde nuestra propia práctica. Necesitamos, como sector, tener mayores puentes de diálogo con la sociedad para que ésta comprenda y asimile conocimientos, evitando que no se aborde el tema minero desde simples eslogan o frases de impacto publicitario. El Estado debe tener políticas precisas y ser contundente para sostener lo lícito de la industria. Miremos a nuestro alrededor y enumeremos todo lo que significa el mundo mineral en la sociedad actual. Hablemos sin hipocresías. Con las cartas sobre la mesa. El trabajador minero extrae los minerales desde las extrañas de la tierra para un mayor beneficio de todos los compatriotas. Esta es la comprensión que debemos hacer como sociedad. Con un Estado que controle. Que esté presente. Con empresas que cumplan las normativas y con una comunidad que sepa cómo se produce riqueza y cómo se distribuye la misma. Estos elementos de juicio deben ser el alma del sector minero. Si así lo entendiéramos, lograríamos tener una Patria con desarrollo minero, una sociedad más justa que se base en la igualdad de oportunidades y una mejor calidad de vida para todos los argentinos.

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