Guiño de Aranguren a un proyecto que pone en jaque el negocio de combustibles de YPF

Nacionales 28/06/2017
PREOCUPACIÓN ENTRE LAS REFINADORAS.
images (4)

El 15 de junio un cable de Télam disparó la alarma entre las empresas de refinación de petróleo. La nota daba cuenta del apoyo del ministro de Energía, Juan José Aranguren, a un polémico proyecto de Ley de comercialización de combustibles que impulsan Carlos Acuña, titular de SOESGyPE, el sindicato de trabajadores de estaciones, y uno de los integrantes del triunvirato que conduce la CGT, y Cecha, una de las cámaras de empresarios del sector. “El ministro (Aranguren) señaló que se debe tender a la liberación del mercado, con libertad de competencia y dentro de este marco se mostró a favor del proyecto“, señaló -tras reunirse con el funcionario- el titular de Cecha, Carlos Gold, uno de los principales distribuidores de Shell de la provincia de Corrientes, según el cable que difundió la agencia estatal de noticias.

El proyecto de Ley en cuestión es impulsado por el espacio de Sergio Massa, líder de Frente Renovador, y avanza por el andamiaje que propone la vía legislativa. Fue cursado a varias comisiones de Diputados –hace 10 días iba a ser discutido por la de Energía y Combustibles, pero se aplazó a pedido de su titular, Julio De Vido- y, en los hechos, apunta a transferir el negocio de la comercialización de combustibles en cabeza de los estacioneros, que tendrán poder para fijar precios, definir márgenes de rentabilidad y venderle combustibles a grandes industrias.

En definitiva, los empresarios estacioneros desplazarán a las petroleras –con YPF, Shell, Axion, Petrobras (Pampa Energía) y Oil a la cabeza- del control del mercado de naftas y gasoil.

Carlos Acuña, titular de la CGT, y socio de Sergio Massa. Principal impulsor del polémico proyecto.

De convertirse en ley, la iniciativa implicaría una abrupta transformación del área de refinación de petróleo. Para YPF, concretamente, sería una herida de muerte para su negocio de venta de combustibles, que explica más del 60% de su flujo de caja operativo. Sin exagerar, sería un golpe a la línea de flotación de la petrolera controlada por el Estado, que lidera el expendio de naftas y gasoil con una participación cercana al 50 por ciento.

No por nada la petrolera que preside Miguel Ángel Gutiérrez enviará al Congreso la semana que viene –cuando finalmente se reúna la comisión de Energía para tratar el proyecto- a dos de sus principales espadas -Carlos Alfonsi, vicepresidente de Downstream, y Sebastián Mocorrea, de Asuntos Públicos- para explicar en detalle el daño económico y estratégico que causaría el proyecto no sólo a YPF, sino también a los consumidores de combustibles.

¿Pero qué propone el proyecto de Ley? Son tres los puntos más disruptivos. En primer lugar, prohíbe la venta de combustibles de uso automotor al consumidor directo que exceda el 15% de ventas en mercado interno. En los hechos, la normativa obligaría a YPF a desprenderse de Opessa, su red propia de estaciones de servicio, que explica un 11% de los puntos de ventas instalados en el país y un 15% de las ventas medidas en volumen despachado, o en su defecto, a deshacerse de un mercado de venta mayorista al transporte público de pasajeros (representa casi un 60% del negocio mayorista de YPF), al agro y empresas del segmento de Oil & Gas y minería, entre otros grandes usuarios industriales. “Si el proyecto es aprobado implicaría el desguace del área de Downstream de YPF tal como funciona hoy en día. El límite del 15% en las ventas directas obligaría a la empresa a desarmar su red Opessa o a salir del negocio mayorista, que es uno de los más que más creció en los últimos dos años, fundamentalmente de la mano del agro”, explicó a EconoJournal un ejecutivo del sector petrolero.

Carlos Gold, de Cecha, dijo que Aranguren apoya el proyecto de Ley de comercialización.

El proyecto lleva la firma de los diputados Liliana Schwindt, Azucena Ehcosor, Horacio Alonso, Monica Litza y Carlos Selva, todos ellos del Frente Renovador, y de Emilia Soria, del FPV.

Consignación

En segundo término, prohíbe la potestad de fijar márgenes y precios por parte de las petroleras a los estacioneros. YPF es la única petrolera que entrega su combustible en consignación con un precio pre-fijado a un operador enrolado bajo el paraguas de la red Opessa.

Para el estacionero es una ventaja porque reduce significativamente su capital de trabajo (recibe el producto en consignación). Como contrapartida, la petrolera bajo control estatal puede oficiar como una especie de rector en el mercado dado que es la que posee los precios más bajos.

Si se elimina la condición que establece YPF para entregar su combustible, lo lógico sería que los precios de las naftas y gasoil tiendan a aumentar. Raro que Schwindt, titular de la comisión de Defensa al Consumidor, sea una de las principales impulsoras de una iniciativa que, muy probablemente, terminará impactando negativamente en el bolsillo de los automovilistas.

El texto apadrinado por Acuña y Gold aboga por una mayor participación de los estacioneros en la fijación de precios bajo la retórica de que contribuiría a una liberación del mercado y por consiguiente a una mayor competencia y reducción de los valores en surtidores. Por el contrario, según un relevamiento realizado por este medio en la última semana, en el caso del GNC, cuyo precio es establecido directamente por cada estación de servicio, se observan diferencias superiores al 100% en el precio del gas vehicular dentro de una misma localidad.

Miguel Gutiérrez, presidente de YPF, preocupado por el impacto negativo que el proyecto generaría en la petrolera bajo control estatal.

“La iniciativa conducirá irremediablemente a un incremento de costos en el sector de expendio de combustibles que se trasladarán al consumidor vía aumento de precios, lo que además dificultará los esfuerzos que el Gobierno hace para combatir la inflación”, alertaron desde otra petrolera.

Precios libres

En tercer término, el proyecto de Ley introduce significativas interferencias en materia de regulación de precios en aras de una supuesta protección a la no discriminación al exigir que “el precio de venta a las estaciones de servicio por las empresas petroleras, distribuidores mayoristas o importadores de combustibles en todas sus formas, será el menor precio que corresponda para cada planta de despacho”.

“Es una restricción pone en riesgo la eficiencia de un mercado competitivo y se contradice con la experiencia internacional y mercados desarrollados, los cuales admiten descuentos y bonificaciones basados en localización geográfica, volúmenes, relación de clientela y antigüedad y calidad crediticia, entre otros puntos”, cuestionó el gerente comercial de otra refinadora.

En la práctica, lo que plantea el proyecto es recuperar el statu quo de hace 30 años, cuando el mercado de combustibles era controlado por una serie de distribuidores y estacioneros. De esos tiempos todavía están vigentes en el imaginario del sector las recurrentes denuncias públicas por la venta de combustible adulterado, las demandas por evasión contra empresarios y el manejo irregular del despacho de naftas y gasoil.

Otro aspecto polémico del proyecto –que también prohíbe el autoservicio- es que autoriza a los estacioneros a concretar ventas mayoristas cuando, por disposiciones de seguridad a nivel internacional, una operación a granel desde un punto de expendio minorista no puede exceder, como máximo, los 2000 litros de combustibles.

Fondos para todos

 La iniciativa propone la creación un fondo destinado a remediaciones ambientales, que le torga otorgar una retribución especial a los trabajadores. Es una caja que estará administrada por Cecha y Foesgra, la federación de trabajadores del sindicato Soesgype. El fondo recaudará un 0,2% del monto total de los combustibles comercializados. El mismo porcentaje recibirá el Instituto de Capacitación y Formación Profesional del Personal de Estaciones de Servicio, que también será controlado por el tándem Cecha- Foesgra.

“Son cargos económicos por un valor aproximado de US$ 100 millones anuales que serán operados por diversas entidades asociadas al sector de estaciones de servicio. El riesgo es incurrir en experiencias negativas ya conocidas como la creación de cajas especiales que han demostrado una tendencia a la mala asignación de recursos”, advirtieron desde una petrolera.

Te puede interesar