Laplace realizó aportes para el Acuerdo Federal Minero y trató de irreverente a un documento de la CAEM

El Secretario General de la Asociación Obrera Minera Argentina, Héctor Laplace, concurrió a la reunión del Consejo Federal de Minería, COFEMIN, celebrada el pasado miércoles en la Secretaría de Minería de la Nación, desde donde se abordaron distintos aspectos que conforman el Nuevo Acuerdo Federal Minero, NAFM.

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En la oportunidad el dirigente apoyó el “aggiornamiento del Acuerdo Federal con una visión del siglo XXI”, y a la vez fustigó a los empresarios mineros que precarizan la industria y, al mismo tiempo señalan como obstáculo de futuras inversiones, al sector laboral. Los llamó “irreverentes”.

Con la presencia de los representantes de las 23 provincias, flanqueado por el Secretario de Minería de la Nación, Daniel Meilán y el Presidente del COFEMIN, Rodolfo Miccone, Laplace ratificó ante las autoridades “que es una buena oportunidad para hacer un Nuevo Acuerdo Federal Minero, en línea con aquel que se realizó en el año 1993”.

Resaltó que en la primera oportunidad, en la década del noventa, “todos los partidos políticos, con representación parlamentaria, votaron por unanimidad” las nuevas legislaciones mineras, entre ellas el AFM.

Ante la nueva perspectiva de aggiornar el primer convenio “es conveniente y necesario que se recalque que, desde que llegó la nueva minería, el primer AFM cumplió su cometido al dar garantías para las inversiones”. Siendo esta oportunidad la que “permitiría mejorar para tener algo nuevo, que su espíritu sea el mismo, pero con una visión del siglo XXI”, resaltó el dirigente sindical.

“AOMA hoy aporta” a los efectos de acercar “una reflexión desde el punto de vista de los trabajadores” pero comprende que el “verdadero esfuerzo y protagonismo es de las provincias las cuales deben hacer este trabajo”.

En primera medida Laplace efectuó algunas consideraciones en lo referido al aspecto comunitario y social que trata la iniciativa. Sugirió que cuando se refiera a los beneficios que deja la minería en las comunidades “en lugar de decir “podrán” debería decir que “las empresas deberán” dar esos beneficios” para hacer visibles las ventajas que ofrece la industria cuando se radica en las diferentes zonas.

Aconsejo que convenía dejar claro en el NAFM, que los recursos que genera la minería, bajo ningún aspecto sean absorbidos por rentas generales de las provincias. En cambio, precisar el destino de los fondos ya que algunas administraciones gubernamentales provinciales “inventan temas para generar más gasto público, incluso formas de contratación laboral” desviando de esta forma dinero a gastos generales.

Aseguró que se debe garantizar a las comunidades aledañas una incidencia económica real, para evitar que en el futuro se diga “por aquí pasó la minería y no dejó nada”. A tal efecto pidió que se “enumeren las obras o destinos de los fondos a los efectos de ser trasparentes y que existieron obras” que fueron comprometidas.

“Se debe impedir que la sociedad se quede con la percepción de que esta industria no dejó nada” solicitando que se sea “más concreto la puntualización de los destinos de los fondos que genera la minería”.

En otra parte de su intervención se refirió a la necesidad de que el NAFM sea más preciso cuando se habla del compre local. Volvió a reiterar que es imprescindible ser terminante en las definiciones para las adquisiciones de bienes y servicios y obligar a las empresas a comprar en Argentina, siendo necesario, garantizar costos y calidad competitivos. Solicitando que debe estar clara la modalidad de prioridades “respetando la participación de Pymes locales y regionales como ya sucedió en distintas provincias” donde se puede demostrar el acierto de este tipo de políticas.

Con respecto al “cierre de mina” consideró que es un tema que siempre le preocupó al gremio, pues se carece de legislación en el país. Al respecto, Laplace bregó que su mención y estatus debe ser muy puntual, a los efectos de que sea parte de la seguridad jurídica. El dirigente entiende que de esta forma como país “se da más garantía cuando hay legislaciones precisas, para lo cual hay que elaborar un proyecto desde las provincias para que se convierta en ley nacional” y de esta manera “no se le dé lugar a ningún iluminado que habla de esto y no conoce absolutamente nada”. AOMA entiende que debe existir una legislación que “defina un procedimiento en todo el país y entendemos que bajo ningún aspecto se cambian las reglas de juego” al ofrecer mayores garantías y sin vacíos legales.

AOMA le pidió al COFEMIN que incorpore en el nuevo documento un artículo donde aparezca bien especificado que se debe respetar la vigencia de la normativa que establece en forma clara el rol del sindicalismo en lo referido a la representatividad que determina la legislación en vigencia en la Argentina, particularmente los distintos fallos de Cámaras del Trabajo cuando se pronunciaron en sentido que la “Actividad Principal del Establecimiento o Fábrica de que se trate, es la que determina el Convenio Colectivo aplicable”. De esta forma se impedirá que haya empresas que usen convenios basuras para contratar personal.

Laplace explicó a los presentes que el empleador provoca una puja entre sindicatos por mal encuadramiento “esta situación jode a la gente por que hacen las cosas mal”. El máximo exponente del gremio minero explicó que este pedido es a los efectos de evitar “el empleo precarizado que hoy provocan los empleadores” por lo que obtienen de esta forma “la precarización de empleos violando todo tipo de normativa” por lo que en AOMA “estamos cansados que suceda esto”.

Ratificó que esta actitud lleva a que existan “trabajadores de segunda que perciben sueldos muchos menores” a los de convenio. Por eso AOMA expresa que “está harta de esta situación” ya que en definitiva “se abusan de la gente que necesita trabajar”.

En otro tramo de su exposición, que se extendió por más de una hora, el Secretario General de AOMA resaltó que si bien, la entidad gremial que lidera, siempre esgrimió su pensamiento mediante distintos documentos y exposiciones públicas, las últimas fueron en junio de 2016 y posteriormente en la Casa Rosada, cuando empezó a trabajar el COFEMIN sobre este nuevo acuerdo. Al respecto reiteró la necesidad de poseer una industria donde exista “Trabajo de calidad, infraestructura; Generación de nuevas industrias y servicios locales; Desarrollo en regiones inhóspitas; Ser una herramienta para descentralizar el país; Mejorar los procesos de participación y el diálogo; Trabajar la responsabilidad social en forma tangible, efectiva y previsible, buscando una mayor apertura hacia la sociedad con Transparencia y buenas prácticas; Donde exista participación ciudadana en los controles, con más y mejor control ambiental y que se logre la participación de las Universidades Nacionales en los procesos de inspección; El compre local y mejor comunicación”. Laplace expresó que estos “enunciados siguen vigentes y se deben sostener” en el NAFM para el beneficio de la comunidad y el país.

Seguidamente se mostró muy crítico con los representantes de las empresas, señalando que “lamentablemente tenemos un sector empleador que no entendió nada”. Al explicar su afirmación dijo que “resulta que hasta fines del año 2015 parecía que todo andaba bien en el sector minero argentino”. No obstante, cuando asume el actual gobierno “teníamos un dólar a 9.80 y lo llevaron a 16 pesos - los empresarios - siguieron quejosos; antes les retenían el 5 o 10 % a la exportación, se lo sacaron; tampoco podían girar divisas al exterior, ahora sí, y siguen quejosos”. A lo que sentenció que esta actitud de los empresarios “Me da mucha pena”.

En la misma línea Laplace cuestionó a los empresarios del sector que ahora argumentan que “son caros los costos laborales en la República Argentina”, asegurando, en contrapartida a esas afirmaciones, que la decisión de AOMA siempre priorizó que “desde que se puso en producción un proyecto minero, éste ya posee un convenio de empresa”. Lo que a su entender significó “un traje a medida donde se respetan las características de cada emprendimiento”. Permitiendo que en la mesa de paritarias “se determinen acuerdos que contemplan cada particularidad” con previsibilidad, “sin conflictos y mediante el diálogo” tal como lo asegura la historia.

Resaltó que “es cierto que hay trabajadores que perciben buenos salarios, pero existen otra gran cantidad que están con salarios paupérrimos, hasta ubicables, por las cifras oficiales, por debajo de la línea de pobreza, y somos todos mineros” argumentó. Recomendando a los empresarios que deberían “hacer un estudio en serio, no con números al boleo, ni mucho menos olvidándose que la cal, las moliendas, las rocas de aplicación, los mármoles, granitos o las bentonitas también es minería”.

“Se quejan - los empresarios de CAEM - de los costos laborales y de la productividad y pretenden que se trabaje 12 hs. en el socavón cuando la ley determina que el límite es de 8 hs.”. Laplace se mostró muy molesto con el documento difundido por la CAEM, para lo cual, les dijo a los miembros del COFEMIN que le “llamó poderosamente la atención” que el documento que difundió “la Cámara Argentina de Empresarios Mineros sea tan irreverente” exclamó.

Dijo que cuando el trabajador minero argentino exige previsibilidad y de sostener seguridad jurídica para los inversores significa que “queremos ser serios, porque está visto que los empresarios piden otra cosa, se miran al ombligo”.

En otro párrafo, al referirse sobre la conflictividad en la provincia de Santa Cruz que se citó en distintos artículos periodísticos generados desde el documento elaborado por la CAEM, el máximo referente sindical de la industria dijo que “los trabajadores mineros sufrimos los conflictos, y si tenemos enfrentamiento con otros sindicatos, los responsables son las empresas que precarizan las fuentes laborales” en las provincia.

Por último Laplace agradeció “la invitación del COFEMIN y la Secretaría de Minería de la Nación por esta oportunidad para dar una opinión de AOMA para un Nuevo Acuerdo Federal Minero”. Al mismo tiempo expresó un reconocimiento especial para Daniel Meilán, Julio Ríos Gómez y Carlos Cuburu, presidente y Secretario Ejecutivo del SEGEMAR “por sumarse y colaborar en la ayuda a los afectados por el alud que castigó a la localidad de El Volcán”, en la provincia de Jujuy. Lamentando la falta de solidaridad de gran parte del sector minero argentino “que no se ocupó por el desastre natural que castigó a más de 100 familias de trabajadores mineros”.

Prensa Geo Minera.

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