Una vara distinta según a quién se mida

El juez federal Sebastián Casanello procesó a los ex secretarios de Minería y de Ambiente del gobierno de Cristina Kirchner por el escape de cianuro ocurrido en 2015 en San Juan. Ningún ejecutivo de Barrick Gold ni funcionario provincial están inculpados.
Diego Segui

Por el derrame de cianuro en la mina sanjuanina de Veladero, en 2015, el juez federal Sebastián Casanello procesó sin prisión preventiva a los ex secretarios de Minería de la Nación Jorge Mayoral y de Ambiente Sergio Lorusso, por “abuso de autoridad”, con embargos de dos millones de pesos, por omitir controles.

El abogado de la asamblea de Jáchal No se Toca, querellante en el caso, Diego Seguí, dijo  que “esta causa es la que va a permitir que no todo quede impune, porque la Justicia provincial consagró la impunidad de los funcionarios locales, de la Barrick Gold y sus CEO, ya que sólo procesó a ocho empleados de muy bajo nivel y responsabilidad”. Los asambleístas sostuvieron que “por fin vemos que una parte de la Justicia hace cumplir la ley”.

El dictamen de Casanello surge de la investigación abierta tras la denuncia de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas de la Patagonia, luego del derrame de cianuro, el 12 de septiembre de 2015, que a raíz de una falla en una válvula en la mina de la empresa canadiense contaminó varios ríos, entre ellos el Potrerillo. 

El juez procesó, además, a la ex funcionaria Beatriz Domingorena, quien estaba a cargo de la Subsecretaría de Control y Fiscalización Ambiental y Prevención de la Contaminación, y fijó un embargo de un millón de pesos.

El magistrado sostuvo que “sin perjuicio de conocer que en Veladero se estaba llevando a cabo una actividad altamente riesgosa, que se manipulaba cianuro en el proceso de extracción del oro, que la forma de trabajo no era segura para el ambiente –habida cuenta de los derrames de solución cianurada que precedieron el de septiembre de 2015– la máxima autoridad ambiental nacional no intervino e incumplió el mandato legal”.

El fallo añadió que “la ausencia de control, el déficit en el desempeño estatal, pese al mandato legal, es una premisa necesaria para comprender lo que ocurrió en septiembre de 2015”.

Señaló, además, que recién después de los sucesos de ese año y “de manera tardía” se ordenaron fiscalizaciones a la mina, en las que se detectaron falencias como “falta de controles automáticos que permitieran la detección temprana de incidentes por parte de la empresa”, que, al momento del derrame, “quedaba a merced de recorridas visuales”.

Según Casanello, “se verificaron claras omisiones de los funcionarios públicos”, en tanto que “el retraimiento del Estado –más allá de lo que toca a la autoridad local– permitió espacios de discrecionalidad indebidos en una actividad que por su enorme riesgo debía ser objeto de un profundo y minucioso control”, advirtió el juez.

El abogado de Jáchal explicó que “primero nos sumamos como querellantes en esta causa que está caratulada como ‘envenenamiento’, y después, en una segunda instancia, tras el derrame de 2016, solicitamos al juez que abra una nueva hipótesis de investigación: que de haberse cumplido con la ley de Glaciares no se habrían producido los derrames”.

Sin embargo, la Cámara Federal le recomendó a Casanello que divida las causas. Por ello el juez procedió a separarlas y a abrir una nueva investigación por la denuncia de incumplimiento de la ley de Glaciares, que, a la fecha, cuenta con  varios procesados: tres ex secretarios de Ambiente de la Nación, y el ex titular del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla). 

En paralelo, Seguí detalló que “para entender la situación, hay que tener en cuenta que por el derrame de septiembre se inició otra causa en la Segunda Circunscripción de Jáchal, a cargo del juez Pablo Oritja”. “En determinado momento, la Fiscalía de Estado de San Juan planteó ante la Corte Suprema de la Nación la incompetencia de Casanello, que resolvió que los funcionarios nacionales siguieran siendo investigados por el juez federal, y que las responsabilidades de los funcionarios provinciales y de la Barrick quedaran en manos de Oritja”, detalló.

“La sentencia de la Corte fue fatal para la causa. Al dejar la investigación de las responsabilidades provinciales en manos de Oritja, consagró la impunidad de los funcionarios locales y del Ceo de la empresa, a quien Casanello tenía imputado”, remarcó el abogado.

Al día de hoy, en la causa provincial que, de acuerdo a Seguí, “tiene procesados a ocho perejiles de muy bajo nivel y escasísima responsabilidad en el evento”, los autos de procesamiento de los empleados están apelados y bajo estudio de la Cámara Penal provincial.

“Producto de esa impunidad, como premio por no hacer nada, a Oritja lo van a ascender a juez civil en la circunscripción de San Juan. Con esta justicia es imposible pensar en el procesamiento de los funcionarios provinciales por la falta de control que hubo”, consideró el letrado, quien además advirtió que “si no hubiera quedado esa porción de la causa en manos de la Justicia federal, todo quedaba en impunidad”.

Página 12.

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