La planta nuclear que iban a levantar en Rio Negro aun no tiene nueva sede

Río Negro. Nación firmó -sigilosamente- un primer acuerdo con China para construir la cuarta central nuclear en Lima, provincia de Buenos Aires, y apartó de esa rúbrica a la quinta planta, que se preveía levantar en Río Negro.
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Un nuevo indicio del abandono del proyecto rionegrino surgió con esa firma de los contratos por la central en Atucha III, previendo una inversión de u$s5.800 M. No hay referencia en Nación a la concreción de la quinta, evidentemente porque faltan resoluciones del asentamiento de la misma.
“En junio, antes de concluir el primer semestre, el lugar deberá estar resuelto”, afirman en el gobierno nacional, avanzando en los estudios para sumarla en el mismo predio de Atucha, aunque siguen atentamente la reciente presentación judicial del intendente de Sierra Grande, Nelson Iribarren, procurando que se declare inconstitucional la norma que prohibe su construcción en la provincia (ley 5.227).
Frente a la premura nacional, no hay tiempo y nada indica que el STJ resuelva acorde a esa urgencia pretendida. En principio, el expediente fue remitido a la Fiscalía de Estado para su opinión y luego será el turno de la Procuración General.
Ambos asentamientos constituyen un viejo acuerdo con China para su financiación, con la instalación de su tecnología, denominada Candu. A fines de marzo, sin anuncios, Nación firmó parte de lo proyectado inicialmente con la administración de Cristina Fernández, comprendiendo la llamada cuarta central, que se ubicará en el complejo de Atucha, en la localidad bonaerense de Lima.
Las rúbricas definitivas se preveían para fines del 2017 y se demoraron por la irresolución argentina de la quinta central. Al final, Energía avanzó en un entendimiento parcial, aunque debe completarse con el proyecto pendiente para su plena validez. El propósito es que el presidente Mauricio Macri y su par chino Xi Jinping firmen todo en noviembre en Buenos Aires, en ocasión de la Cumbre del G20. Así, la central bonaerense se iniciaría en los comienzos del 2019.
La quinta planta en el país se programó para la zona costera rionegrina, incluso el presidente Macri sumó al gobernador Alberto Weretilneck en su viaje a China en mayo pasado para el anuncio oficial.
La posterior resistencia social derivó en el rechazo institucional del gobierno rionegrino a su construcción en su territorio, incluso con una ley de prohibición. La opción de Río Negro sigue activa por el accionar del intendente Iribarren, recientemente con un recurso judicial.
El último fin de semana, Infobae informó de la firma del contrato, destacando una fuerte baja del monto original negociado por el ex ministro Julio De Vido. El medio nacional consigna que el ajuste fue de 1600 M, pasando de u$s7.400 a 5.800 M.
Primero deberá opinar la Fiscalía de Estado
El Superior Tribunal de Justicia trasladó el pedido de inconstitucionalidad de la legislación antinuclear a la Fiscalía de Estado, que opinará del recurso presentado por Sierra Grande, y luego lo hará el Procurador General, Jorge Crespo.
Luego, con ambos dictámenes, el máximo tribunal se adueñará del análisis del recurso elevado por el intendente serrano Nelson Iribarren.
Mientras tanto, el Movimiento Antinuclear Argentino (MAR) envió una nota al fiscal Julián Fernández Eguía para apoyar la “defensa de la vigencia y la constitucionalidad de la ley provincial N° 5227”.
Se entiende que el recurso de Iribarren conlleva un “menoscabo y afectación de los derechos de la personalidad no patrimoniales” de los “ciudadanos de Río Negro y la Región”, como también, “los derechos de las futuras generaciones”.
Recuerda que “es competencia” de la Fiscalía defender el “ejercicio de las facultades regulatorias en materia ambiental de la provincia” y agrega que “vastos sectores de la sociedad civil se han manifestado en reiteradas ocasiones en defensa” de la ley 5227, adjuntando planillas con “más de 27 mil adhesiones totales”. (Diario Río Negro, Río Negro)

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