Organizaciones sociales rechazan el Acuerdo Federal Minero

Fundación Ambiente y recursos Naturales (FARN), la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdAA) y Greenpeace Argentina, acompañados por numerosas organizaciones y referentes sociales, manifiestan su total oposición al nuevo Acuerdo Federal Minero propuesto por el Gobierno Nacional, que carece de una mirada integral de la situación minera actual del país, además de priorizar la renta económica por sobre dimensiones sociales y ambientales.
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"El acuerdo propone la consolidación de un modelo minero de enclave y netamente extractivista. Un modelo obsoleto, ideado y gestado en la década de los noventa, sostenido en la primera década de siglo XXI y profundizando en esta gestión a costa de la Naturaleza, los territorios y los derechos de las comunidades locales", denuncia Gonzalo Strano de Greenpeace.
"Asimismo, busca limitar las autonomías provinciales en aquellas jurisdicciones que cuentan con regulaciones que prohíben la minería a cielo abierto o el uso de sustancias tóxicas en los procesos extractivos, así como también pretende acallar y avasallar la resistencia social al desarrollo de este tipo de actividades de alto impacto ambiental", alerta Enrique Viale de AAdAA.
"La falta de claridad sobre una cuestión ineludible como los mecanismos de consulta y participación es una señal de alerta ante el no cumplimiento de principios centrales en un Estado de Derecho, como la nula mención a la consulta previa y consentimiento libre previo e informado a pueblos indígenas", resalta Pía Marchegiani de FARN.
Este acuerdo promueve un modelo de desarrollo que no solo contradice a los compromisos internacionales en materia ambiental y climática a los que nuestro país adhiere, sino que acentúa la extracción irracional, generando un daño ambiental irreversible.


Adherentes

Asamblea de Chilecito; Asamblea “Jáchal no se toca”; Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA); Colectivo Apacheta de Susques, Jujuy; Grupo de Apoyo Jurídico por el Acceso a la Tierra del Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (Gajat-Ceppas); Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN); Fundación Servicio Paz y Justicia (SERPAJ); Fundación Ciudadanos Independientes (FuCI) San Juan; Greenpeace Argentina; Comunidades originarias de la provincia de Jujuy; Maristella Svampa (investigadora Conicet), Tortorolo y Gabriel Arisnabarreta de (Asamblea socioambiental ECOS DE SALADILLO); Gabriela Ferrer (Red Nacional de abogados de pueblos fumigados); Marcos Ezequiel Filardi (Coordinador del Seminario sobre el Derecho a la Alimentación Adecuada de la Facultad de Derecho, UBA); Raúl Llobeta (Profesor titular Económica nomina agraria y Extensión rural, UNJU)

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