ICCGSA reacomoda su directorio tras prisión preventiva de Fernando Castillo

El cargo de presidente de directorio de Ingenieros Civiles y Contratistas Generales SA. (ICCGSA) recae ahora sobre los hombros de Luis Javier Castillo Dibós, antes vicepresidente de directorio de la compañía, en reemplazo de José Fernando Castillo Dibós.
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osé Fernando Castillo Dibós ha sido recluido, junto a otros cuatro poderosos empresarios, en el penal Ancón I por orden del juez Richard Concepción Carhuancho por el presunto pago de coimas durante el gobierno del hoy prófugo expresidente Alejandro Toledo para ganar la subasta pública de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur.

En el mismo comunicado de la empresa enviado a la Superintendencia del Mercado de Valores  se señala que Elizabeth Natal Rodriguez del Castillo se suma al cargo de directora de la firma. Y ahora José Javier Jordán Morales se desempeñará como vicepresidente de la compañía.

Luis Javier Castillo Dibós, en su primer comunicado como presidente de directorio de ICCGSA, dijo: “Lamentamos la decisión adoptada por el Poder Judicial, dado que en este caso, no se presentan los elementos por las normas legales aplicables para la imposición de este tipo de medidas provisionales”. El nuevo presidente de directorio de la constructora reitera que “ICCGSA, sus empresas vinculadas y sus funcionarios con ajenos a cualquier acto de colusión o de lavado de activos en agravio del Estado Peruano”. Luis Javier Castillo Dibós afirmó que la empresa está dispuesta a colaborar con las investigaciones

Ayer, antes de las cuatro de la madrugada, cinco de los empresarios más poderosos del Perú, investigados por los presuntos delitos de colusión y lavado de activos, han sido privados, temporalmente, de su derecho a la libertad por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria. José Alejandro Graña Miró Quesada, Gonzalo Ferraro Rey y Hernando Alejandro Graña Acuña, exrepresentantes de Graña y Montero; José Fernando Castillo Dibós, director de ICCGSA, y Fernando Martín Gonzalo Camet Piccone, presidente de JJ Camet, fueron recluidos en el penal Ancón I por 18 meses.

El juez Richard Concepción Carhuancho encontró razonables los argumentos del fiscal Hamilton Castro, que arguyó que existe peligro de fuga de los empresarios constructores peruanos. La orden del juez Concepción Carhuancho se hizo efectiva, antes de las 4 a.m. Horas antes, el fiscal anticorrupción inició su histórica intervención en la audiencia convocada por el juez con estas palabras: “Hoy el Perú será testigo si el sistema de impartición de justicia trata con la misma vara a todos los ciudadanos en el Perú”.

De “riesgos adicionales” disfrazaron las socias de la constructora brasileña el pago de las coimas en sus libros contables A Graña y Montero, la auditó Pricewaterhouse Coopers, consultora que no encontró mayores desajustes contables. La hipótesis de la fiscalía es que bajo esta nominación de “riesgos adiconales”, Graña y Montero, Iccgsa y JJ Camet enmascararon el pago de sobornos. En junio del 2011, según la cronología de la fiscalía, las tres empresas constructoras peruanas derivaron parte de sus utilidades a Odebrecth. Según el fiscal Castrol Graña y Montero pagó 6’219,000; JJ Camet Contratistas, US$5’640,000, e Iccgsa, US$3’223,000 a Odebrecht para cumplir con 15 de los US$20 millones de la coima al exmandatario. A la audiencia no acudió ninguno de los cinco procesados; solo sus abogados.

En diálogo con RPP, el presidente del Poder Judicial Duberlí Rodríguez, al respecto, dijo: “Para dictar una prisión preventiva se tienen que tener 3 requisitos: graves elementos de convicción, pronóstico de pena y peligro procesal. También hay otra variante que es el entorpecimiento de la actividad probatoria, que es cuando el investigado puede hacer que los testigo cambien su versión, intervenga en las pericias o hayan amenazas”.

Y añadió: “La investigación del Ministerio Público es reservada y ellos deben saber qué se sabe. Como ayer fue una audiencia pública, se hizo público y ya muchos tienen acceso a información. Yo espero respeto por las atribuciones de cada institución para que no se generen espacios no positivos en las investigaciones”.

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