Acciones de Graña y Montero se desploman 11.24% antes de mediodía por prisión preventiva de su exdirector

Perú.Juez Richard Concepción Carhuancho ordena prisión preventiva para varios ex hombres fuertes de la constructora peruana, y de actuales ejecutivos de Iccgsa y JJ Camet.
Peru.graña-y-montero

Al promediar las once de la mañana de hoy, las acciones de Graña y Montero se han desplomado 11.24% en la Bolsa de Valores de Lima. Y las perspectivas son negativas, luego de que el juez Richard Concepción Carhuancho dictara prisión preventiva para varios exejecutivos de Graña y Montero, constructora peruana otrora socia de la constructora Odeberth en los proyectos tramo II y III de la carretera Interoceánica. El viernes, antes de conocerse la decisión del juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, los papeles de Graña y Montero cotizaban a S/1.95; ahora, antes del mediodía, han caído hasta el S/1.58. Y el día recién principia.

Cinco de los empresarios más influyentes del Perú, investigados por los presuntos delitos de colusión y lavado de activos, han sido privados, temporalmente, de su derecho a la libertad. José Alejandro Graña Miró Quesada, Gonzalo Ferraro Rey y Hernando Alejandro Graña Acuña, exrepresentantes de Graña y Montero; José Fernando Castillo Dibós, director de Iccgsa, y Fernando Martín Gonzalo Camet Piccone, presidente de JJ Camet, serán recluidos en un penal, cuyo nombre aún no se conoce, luego de que el juez Richard Concepción Carhuancho ordenara 18 meses de prisión preventiva contra exdirectivos de las empresas peruanas Graña y Montero, Ingenieros Civiles y Contratistas Generales (Iccgsa) y JJ Camet Contratistas Generales S.A., socios de la constructora brasileña Odebrecht en la concesión de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur. El juez encontró razonables los argumentos del fiscal Hamilton Castro, que argüye que existe peligro de fuga de los empresarios constructores peruanos.La orden del juez Concepción Carhuancho se hizo efectiva en las horas del alba, antes de las 4 a.m.

Horas antes, el fiscal anticorrupción inició su histórica intervención en la audiencia convocada por el juez con estas palabras: “Hoy el Perú será testigo si el sistema de impartición de justicia trata con la misma vara a todos los ciudadanos en el Perú”. Los cinco procesados cuentan con los recursos económicos suficientes para dejar el Perú en cualquier momento. “Que el sistema no permita lo que pasó con (el empresario) Gustavo Salazar, presidente del (club) Regatas, a quien ahora tenemos que extraditar”, indicó Hamilton Castro en la sala, frente al juez Richard Concepción. Según la misma confesión de altos ejecutivos de Odebrecht, un 3% del costo total de las obras solía destinar la constructora brasileña al pago de coimas.

Para el fiscal Hamilton Castro, los cinco empresarios más connotados del cogollo empresarial peruano respaldaron las negociaciones ilícitas de Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht en el Perú, para ganar la millonaria subasta pública de los tramos II y III de la Interoceánica, durante el Gobierno del expresidente Alejandro Toledo, ahora prófugo de la justicia. El aspirante a colaborador eficaz Jorge Barata, según la versión del fiscal Hamilton Castro, afirmó que los cinco empresarios peruanos estaban al tanto del pago de una coima de US$20 millones a Toledo, a cambio de hacerse con el proyecto vial. El Ministerio Público reforzó su argumento al aseverar que cuenta con indicios razonables y sólidos que respaldan la versión de Barata. La concesión del proyecto la obtuvo Odebrecht y sus socias en agosto del 2005.

De “riesgos adicionales” disfrazaron las socias de la constructora brasileña el pago de las coimas en sus libros contables A Graña y Montero, la auditó Pricewaterhouse Coopers, consultora que no encontró mayores desajustes contables. La hipótesis de la fiscalía es que bajo esta nominación de “riesgos adiconales”, Graña y Montero, Iccgsa y JJ Camet enmascararon el pago de sobornos. En junio del 2011, según la cronología de la fiscalía, las tres empresas constructoras peruanas derivaron parte de sus utilidades a Odebrecth. Según el fiscal Castrol Graña y Montero pagó 6’219,000; JJ Camet Contratistas, US$5’640,000, e Iccgsa, US$3’223,000 a Odebrecht para cumplir con 15 de los US$20 millones de la coima al exmandatario.

A la audiencia no acudió ninguno de los cinco procesados; solo sus abogados. La defensa de Fernando Camet, el abogado Eduardo Alcócer, dijo que el pedido del fiscal Castro es equivocado porque se ampara “en la moral” y no en “la ley”, y es erróneo además porque se basa una traducción no oficial de las declaraciones de Jorge Barata.  Alcócer negó que su cliente haya pagado alguna coima al expresidente Toledo para obtener la concesión de los tramos II y III de la Interoceánica. Prácticamente con los mismos argumentos los abogados de los otros empresarios acusados intentaron rebatir el pedido de prisión preventiva del fiscal anticorrupción Hamilton Castro.

Para debilitar el argumento de la fiscalía de peligro de fuga de sus clientes, los abogados defensores entregaron los pasaportes de cada uno de ellos al juez, como señal de que permanecerían en el país hasta que concluyeran las investigaciones. Los abogados pidieron medidas de comparecencia en lugar de la prisión preventiva defendida por la fiscalía.

En diálogo con RPP, el presidente del Poder Judicial Duberlí Rodríguez, al respecto, dijo: “Para dictar una prisión preventiva se tienen que tener 3 requisitos: graves elementos de convicción, pronóstico de pena y peligro procesal. También hay otra variante que es el entorpecimiento de la actividad probatoria, que es cuando el investigado puede hacer que los testigo cambien su versión, intervenga en las pericias o hayan amenazas”. Y añadió: “La investigación del Ministerio Público es reservada y ellos deben saber qué se sabe. Como ayer fue una audiencia pública, se hizo público y ya muchos tienen acceso a información. Yo espero respeto por las atribuciones de cada institución para que no se generen espacios no positivos en las investigaciones”.

Sobre la decisión del juez Concepción Carhuancho, dijo que infiere que este “ha valorado todos los elementos para una prisión preventiva. Eso ha sido preponderante para tomar esta decisión. No puedo decir si está bien o mal. En los delitos contra la administración no suele castigarse con fuerza a los cómplices”.

Te puede interesar