Impuestos y cargas mal repartidas

Si los efectos de la reforma tributaria sobre la economía llegan a ser los que el ministro Nicolás Dujovne anunció, allí asoma una apuesta definitivamente ambiciosa del Gobierno. Dice que nos esperan “al menos” cinco años de crecimiento rápido y sin pausa.
dujovne

Sería además un fenómeno extraño para una economía impredecible, habituada a vaivenes y altibajos. Borrados del mapa los dibujos siempre a la orden de la era kirchnerista, el pasado reciente cuenta que nunca lograron juntarse cinco años positivos. Y el más próximo, que hubo tres caídas contra dos alzas.
Atados al pronóstico van los recortes a la presión impositiva, calculados justamente sobre la base de un PBI en crecimiento sostenido. Pero falta desde luego que los mejores augurios coincidan con la realidad.
Bien precisa esta vez hay otra apuesta fuerte en las planillas que maneja Dujovne. Detrás del objetivo de bajarcostos, busca reducir a la mitad o un 25% promedio la carga de Ingresos Brutos, un impuesto que encadena distorsiones sobre las actividades productivas y que por su peso estimula una parva de operaciones en negro.
El problema es que tocar allí es tocar la principal fuente de recursos propios de las provincias: un 75% de la recaudación en el conteo global; 78% en algunos casos y hasta 97% en puntos extremos. Será todo un tema, entonces, que los gobernadores admitan perder ingresos sin contrapartidas de la Nación y que las legislaturas convaliden la movida.
Dentro de la misma bolsa entra eliminar sobretasas a industrias y dar de baja el impuesto de sellos. Según el plan que presentó Dujovne, la reforma completa debiera estar concretada entre uno y cinco años; rápido o progresivamente, depende de las magnitudes.
Todo es plata, aunque nada iguala al monto involucrado en Ingresos Brutos. Con el PBI y el tipo de cambio que el Presupuesto Nacional proyecta para el año próximo, el recorte promedio del 25% significa alrededor de $ 123.800 M o unos 6.400 M de dólares.
Es un costo enteramente a cargo de las provincias y será mayor al cabo de los cinco años. Por eso ahí los gobernadores ya libran una dura batalla con el gobierno central, tal cual se ve en un proceso que va agitándose a medida que el tiempo pasa.
Otra polémica que promete salió a luz con las planillas del ministro. También la protagonizan gobernadores, varios cercanos a la Casa Rosada o directamente oficialistas, tiene forma de incrementos en impuestos internos y cae sobre producciones regionales. Para vinos y sidras, el proyecto contempla pasar de la desgravación plena a un alícuota del 10%. Con espumantes y champaña ocurre algo parecido, solo que la nueva alícuota no será 10% sino 17%. En gaseosas y otras bebidas sin alcohol que tengan contenido de azúcar, se va de tasas de entre 4 y 8% a una del 17%, o sea, que la carga puede llegar a duplicarse. Los cambios alcanzan, finalmente, a whisky, coñac y cervezas.
Al interior de este juego de números que no es precisamente un juego aparecen producciones para unas cuantas provincias cruciales, como uvas, manzanas y azúcar. Y así el Gobierno asegure que busca proteger “la salud de la población”, lo cierto es que al fin se trata de una suba de impuestos.
Desde el frente de los gobernadores, las primeras quejas advierten: “Van a provocar aumentos de precios, caída del consumo y problemas laborales. Y justo en economías ya atravesadas por dificultades”.
Pero como en unas cuantas provincias y en varias de las consideradas grandes hay plantas y embotelladoras de bebidas, los efectos del paquete se expandirán por fuera de las economías regionales.
“Se trata de propuestas, no de imposiciones”, ha dicho el jefe de Gabinete, Marcos Peña. No puede ser de otra manera, pues inevitablemente tanto estas como otras medidas deben ser aprobadas por el Congreso.
Propuesta es también bajar de 17% a cero la alícuota de internos que grava a celulares, televisores y monitores. La equipara a la tasa preferencial que existe para la electrónica de Tierra del Fuego y barre, así, con reglas vigentes hasta ahora. Según la gobernadora Rosana Bertone, “significará la disolución territorial de nuestra provincia”.
Cierto o cierto en parte, el caso la industria de armado fueguina está bajo la lupa del Ministerio de Hacienda. “Por los costos fiscales y por los dólares que implica sostenerla así como funciona”, dice gente cercana a los funcionarios que, como ellos, apuntan a una reconversión imprescindible.
“Con lo que de momento conocemos da para sostener que la reforma tributaria es, además de gradual, demasiado limitada”, comentan algunos especialistas. Y dudan sobre el volumen de inversiones que pueda atraer.
“Yo tengo desde antes varios sectores anotados en la lista, pero me cuesta creer que sólo los cambios planteados por Dujovne sirvan para sumar nuevos interesados”, afirma alguien que pasó por Economía y hoy asesora a empresas nacionales e internacionales. Espera a ver si todo eso que ahora se cuenta acerca de la profundidad de la reforma laboral termina en proyecto de ley.
Puesto todo dentro del marco donde va, las primeras conclusiones de un especialista dicen que gran parte del costo de la reforma irá a la cuenta de las provincias. Sin computar el impacto de Ingresos Brutos, allí ubica alrededor del 70% y un 30% en el Tesoro Nacional.
Comentario de una fuente próxima al equipo económico: “Las planillas que mostró Dujovne fueron sacadas de apuro, a pedido de la Casa Rosada. Y tanto, que el apuro venció resistencias internas, como la de un hombre clave en el diseño final al que le faltaba revisar algunos datos”.
Salta evidente que el apuro corre acoplado al contundente triunfo de Cambiemos y al ya consolidado repunte de la economía, cosa que de un modo u otro el Presidente viene meneando tupido estos días.
El operativo es llamado El Bono Electoral, que según cálculos de la Casa Rosada se extendería hasta fines de marzo. Traducido: aprovechar el tiempo de gracia, porque después la cuestión puede resultar más difícil”.
Pariente de esta estrategia es el hecho de no haber consultado como se debía a la Comisión Bicameral, creada justamente para analizar la reforma y opinar sobre la reforma.
Más pronto que tarde el Congreso recibirá una ley ómnibus de unas 400 páginas, lo cual no es poco decir si además los legisladores tienen que meterse con la conocida letra chica.
Está claro por donde se mire, incluida la mirada de los gobernadores, que la economía ya no puede soportar semejantes costos fiscales. Porque en eso se juega el crecimiento de los próximos años.
La gran mayoría de los mandatarios no quiere poner en riesgo la gobernabilidad, sino negociar un reparto equilibrado de las cargas. En pocos días van a discutirlo con ministros fuertes y no mucho después, durante un debate en el Congreso que sacará chispas.

Te puede interesar