Citan a indagatoria a De Vido, a otros ex funcionarios por presuntos sobreprecios en la modernizacion de la mina de Rio Turbio

Nacionales 12/09/2017
Entre los citados (36 más De Vido) se encuentra el ex secretario de minería, Jorge Mayoral “un viejo conocido de los sanjuaninos y de estrecha relación con el ex ministro de Planificación Federal y que en el último tiempo se ganó el rechazo del sector minero”.
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Les prohibió la salida del país.El juez federal Luis Rodríguez citó este lunes a indagatoria al ex ministro de Planificación Federal y actual diputado nacional, Julio De Vido, en el marco de una causa por supuesta malversación de fondos destinados a modernizar la mina de Río Turbio, en Santa Cruz. De Vido y otras 36 personas fueron citados a declarar en el marco de la causa en la que el fiscal Carlos Stornelli había pedido en julio pasado el desafuero y la posterior detención del ex funcionario kirchnerista.
Además de citar a declarar al ex ministro y a otros ex funcionarios y a dirigentes santacruceños, el juez les prohibió la salida del país y dispuso la intervención de la Fundación Regional Santa Cruz (FRSC), involucrada en el desvío de fondos, que depende de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). 
El juez convocó a De Vido para el 28 de noviembre, para cerrar la ronda de indagatorias que comenzará el 3 de octubre, según consta en el cronograma que incluyó en su fallo de 30 páginas. 
“Posibles delitos”
"Se investigan en autos los posibles delitos derivados del Convenio Marco de Cooperación y Asistencia Técnica entre YCRT (Yacimiento Carbonífero Río Turbio) y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), de fecha 14 de enero de 2008, celebrado por el entonces interventor ingeniero Lucio Enrique Mercado, y el rector de esa casa de estudios, ingeniero Héctor Carlos Brotto, cuyo aparente objeto resultó la cooperación entre ambas instituciones en particular la prestación de Cursos de Capacitación, Trabajos de Investigación, Asistencia Técnica y Profesional por parte de UTN a YCRT", expuso el juez.Además, consideró que hubo un segundo grupo de contrataciones relacionadas con el "Tren Turístico del Yacimiento Carbonífero Río Turbio", también llamado "Tren Histórico Eva Perón".
Para el caso, el tren tuvo un costo de $ 344M, aunque nunca se puso en funcionamiento.
Según se investiga, las obras y demás cursos era por convenios en los cuales el Estado de librar $ 26.000 M que se canalizó a través del Ministerio de Planificación Federal y por la UTN.
Triangulación
Para el juez Rodríguez, luego de producidas las pruebas que había ordenado es posible advertir que la triangulación realizada entre YCRT, la Facultad Regional de Santa Cruz de la UTN y la Fundación Facultad Regional de Santa Cruz -que integraban miembros de la propia facultad- permitió la disposición de fondos públicos sorteando "los diversos controles en materia de contratación", ocasionándoles así un perjuicio patrimonial al Estado Nacional.
Agrega en su resolución Rodríguez: "Entiendo que ahora sí se encuentra reunido el estado de sospecha al que alude el art. 294 del código ritual para recibirles declaración indagatoria a las personas sindicadas en relación a los hechos presuntamente ilícitos que se pesquisan".
Desafuero
Con relación al pedido de desafuero con fines de detención de De Vido, formulado por Stornelli, el magistrado señaló que "cobran preeminencia ante cualquier norma procesal, los principios constitucionales de inocencia y de libertad durante el proceso". En ese sentido, sostuvo que a la luz del principio de inocencia y de las garantías constitucionales, y teniendo en cuenta la conducta demostrada en el proceso por parte de los imputados, descarta cualquier riesgo procesal, es decir, peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación. Rodríguez afirmó que la complejidad de las maniobras investigadas, impedirían un adecuado ejercicio del derecho de defensa, en caso de ordenarse las detenciones que solicitó el fiscal Stornelli.
Prohibición de salida del país
El magistrado dispuso la prohibición de salida del país de los imputados, quienes deberán comparecer en el juzgado dentro de los cinco primeros días hábiles de cada mes. Además, ordenó que entreguen sus pasaportes y le encomendó al Ministro del Interior que se abstenga de iniciar cualquier trámite de obtención o renovación de ese documento por parte de las personas citadas a indagatoria. "Estas medidas, permitirán a mí entender neutralizar apropiadamente cualquier indicio de riesgo procesal", argumentó el juez.
Al disponer la prohibición de salida del país de los acusados, el juez decidió librar oficio al Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, "a fin de hacerle saber que deberá abstenerse de iniciar cualquier trámite de obtención o renovación del pasaporte de los nombrados a quienes se les impone por el presente la obligación de hacerse presente ante esta sede a los efectos de hacer entrega del documento aludido, cuya custodia estará a cargo del Tribunal".
Medidas cautelares
Rodríguez dispuso una serie de medidas cautelares, entre ellas la inhibición general de bienes de la Fundación Facultad Regional de Santa Cruz, el bloqueo de sus cuentas bancarias, su intervención judicial y el embargo del único inmueble que posee, ubicado en el partido bonaerense de San Isidro. Además, le prohibió a Yacimientos Carboníferos de Río Turbio y a la UTN que realicen cualquier pago o prestación de servicios entre ellos que estén relacionados con el convenio marco que dio origen al desvío de fondos que se investiga. 


Inmueble en San Isidro
Rodríguez reunió información que indica que la fundación recibió fondos millonarios y destinó parte de ellos para comprar un inmueble en un complejo de San Isidro de departamentos de dos y tres ambientes con pileta, parrilla y SUM. Actualmente ese lugar no funciona para la fundación, sino que está alquilado y por ello recibe un alquiler mensual. La fundación posee, dijo el juez, "millonarias inversiones en productos bancarios" y, a su vez, emitió muchos cheques a personas físicas que fueron cobrados por caja. El juez dijo que se hacía una triangulación entre Yacimientos Carboníferos, la facultad y la fundación. Por eso dispuso la intervención judicial de la fundación, bloqueó sus cuentas bancarias, inhibió sus bienes y embargó el departamento de San Isidro del Complejo Palmas de Rocha. 

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