Sospechas de corrupcion. Rio Turbio: ordenan a un juez revisar su negativa a detener a De Vido

La Sala II de la Cámara Federal porteña ordenó que el juez Luis Rodríguez revise la decisión de no indagar, pedir el desafuero ni la detención del ex ministro Julio De Vido y otros ex funcionarios
julio-de-vido-rio-turbio-284x190

 Involucrados en la causa por malversación de fondos por $ 26.000 M que debían dirigirse a la modernización de la mina de Río Turbio y a otras obras como la Usina a carbón. Además, los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia -de la sala II- revocaron las exenciones de prisión que fueron otorgadas en la causa. En los primeros días de julio, el fiscal Carlos Stornelli pidió la detención de Julio De Vido, quien en 20 días enfrentará su primer juicio oral por su responsabilidad en la tragedia ferroviaria de Once. Su dictamen se basó en la denuncia de la actual gestión de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), que acusó al ex ministro de Planificación de malversación de fondos por $ 26.000 M que el extinto ministerio destinó durante a la mina santacruceña. Se calcula que el perjuicio generado al erario público fue de $ 265 M. Los fondos incluían los planes de modernización de la mina de Río Turbio, como también la construcción de la Usina Térmica que según la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) tuvo once modificaciones de costo, incrementando su valor en un 98%. También se agregó la puesta en valor de un tren por $ 344 M, obra que nunca se terminó y se pagó parcialmente. En este marco, el fiscal federal pidió el llamado a indagatoria, el desafuero y la detención de De Vido y de una extensa lista de ex funcionarios de Planificación Federal y del YCRT. A los pocos días de recibir el dictamen, el juez Luis Rodríguez desestimó el pedido de indagatoria y detención de Julio De Vido y de los demás imputados en la causa. Consideró entonces que faltaba profundizar en la investigación para “delimitar la participación individual de cada uno de los imputados y su eventual responsabilidad criminal” y “precisar el denunciado perjuicio al patrimonio estatal y establecer la ruta del dinero”. Bajo este mismo lineamiento, el magistrado concedió la eximición de prisión a Miguel Larregina (ex coordinador General de la delegación Buenos Aires de YCRT), Fernando Lisse (ex gerente de Explotación e Inspector), a la contadora Marta Pérez y al ex funcionario Roberto Baratta, mano derecha De Vido. El juez sólo les aplicó una caución juratoria. El 7 de julio, el magistrado aplicó el mismo criterio de exención para los demás imputados, incluyendo al ex ministro de Planificación Federal. Todo fue apelado por Stornelli, y la Sala II tuvo que resolver. Los jueces tuvieron votos encontrados. Eduardo Farah, que se había declarado incompetente, señaló que citar a indagatoria “es potestad del juez” y que no debía apelarse. A su vez, planteó que debía profundizarse la investigación antes de avanzar en las medidas pedidas por el fiscal. En contraposición votó el camarista Martín Irurzun, que si bien recalcó que no puede apelarse la decisión de un juez que deniega la convocatoria a indagatoria, sí puede analizarse cuando se realice un “ejercicio arbitrario de la actividad jurisdiccional”. Consideró que se está ante una situación de estas características, y que la negativa del juez Rodríguez había sido “arbitraria”. La decisión final se tomó con el voto de Leopoldo Bruglia (integrante de la sala I) que tuvo que desempatar.Se mostró de acuerdo con el posicionamiento de Irurzun, y expuso que “se encuentran reunidos los elementos requeridos para configurar un concreto ejercicio arbitrario de la actividad jurisdiccional”. El punto más sensible era el tratamiento de la negativa del juez Rodríguez de hacer lugar al pedido de detención de los 21 imputados, entre ellos Julio De Vido. El fiscal Stornelli había planteado que “las relaciones de poder de los imputados son un riesgo concreto que atenta contra el avance de la investigación”, y advirtió sobre “las posibilidades del armado de entramados de complicidades que fomente el ocultamiento de evidencias”. En un planteo similar, Irurzun y Bruglia consideraron que ante una causa tan compleja, donde se investigan “hechos de corrupción”, se debe analizar la “posibilidad de entorpecimiento” de la investigación relacionado al “mantenimiento del poder público o de sus influencias”. Por este motivo, revocando la eximición a favor de Baratta y los ex directivos de YCRT, pidieron que el juez Rodríguez realice “un nuevo análisis del planteo” y revise si corresponde o no hacer lugar al pedido de detención del fiscal Stornelli y por también el llamado a indagatoria para todos los imputados.

Te puede interesar